El economista y profesor de la Universidad de Denver, Fransisco Rodríguez explicó este viernes que durante las últimas semanas La Corte de Apelaciones del 11° Circuito reactivó el caso que involucra directamente a Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa , junto con otras figuras vinculadas al llamado “Gobierno Interino” de Juan Guaidó, por presuntos delitos de obstrucción de la justicia, intimidación digital y extorsión.

En contacto telefónico con ND, destacó que un grupo de más de 20 mil trabajadores liderados por el Iván Freites, han demandando a Pdvsa internacionalmente por incumplimiento de sus contratos laborales y otras violaciones a sus derechos humanos desde la época del paro petrolero en 2002, cuando Hugo Chávez Frías ocupaba la presidencia de Venezuela.

A juicio de Rodríguez, esta es una estrategia «interesante» por parte de los extrabajadores de Pdvsa, quienes justamente deberían recibir una compensación de la subasta de la matriz CITGO y de las acciones de PDVSA-Holding que se llevará a cabo en Delaware.

«Si se logra que las cortes reconozcan las deudas laborales de PDVSA con los trabajadores, podría cobrar prioridad legal con respecto a algunas deudas con los acreedores», sostuvo. «Es un principio básico del derecho corporativo que cuando una empresa tiene varias deudas y no las puede pagar todas, lo primero que tiene que pagar son sus deudas con los trabajadores y luego, a los acreedores».

Entonces, siguió, es incomprensible que Pdvsa-Ad hoc, en vez de aceptar la demanda de los trabajadores «con los que debería tener una simpática básica porque fueron perseguidos por el chavismo, han hecho lo contrario y se dice que han gastado muchísimo dinero en oponerse a sus demandas».

«Pareciera que Pdvsa-Ad Hoc está es peleando para que ese dinero de Citgo se use para pagarle a los acreedores y no a los extrabajadores de Pdvsa».

Pero no es solo eso, apuntó Francisco Rodríguez, sino que la demanda suscribe que en medio del proceso, representantes del extinto interinato habrían intentado intimidar a algunos testigos.

«Se habla de que contrataron campañas difamatorias en contra de quienes están involucrados en la demanda. Lo cual es un problema desde el punto de vista ético. Es una interferencia con un proceso judicial en Estados Unidos y además, una violación a las leyes contra la corrupción porque se estaría hablando de un desvío de fondos si se confirma que recursos de PDVSA-Ad Hoc fueron usados para intimidar a testigos».

Subrayó que habrá que esperar cuáles alegatos son presentados ante la corte, pero criticó que nuevamente se evidencia la falta de transparencia por parte de esta instancia que supervisaba a PDVSA en nombre de la AN 2015.

«Uno espera que frente a este tipo de acusaciones, se ofrezca alguna aclaratoria, pero no hemos visto nada de eso. Son alegatos muy serios y muy graves».

La demanda apunta a una presunta campaña sistemática de difamación, amenazas y persecución digital articulada desde las redes institucionales y personales de Medina, así como de otros señalados: el exembajador en Canadá Orlando Viera-Blanco, el comunicador Gustavo Lainette y el politólogo José Vicente Carrasquero.