Las universidades venezolanas enfrentan una crisis severa debido al avanzado deterioro de su infraestructura y la escasez de financiamiento, según un reciente informe del Observatorio de Universidades (OBU). Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del OBU, advirtió en una entrevista con Román Lozinski que esta situación pone en jaque la calidad de la educación superior en el país.
A través de su herramienta «Monitor OBU», que registra denuncias y conflictos en 39 instituciones de educación superior, el OBU reportó un aumento del 79% en los daños a la infraestructura en abril, comparado con marzo, y un incremento superior al 30% en lo acumulado de 2024.
«Esto sucede porque las universidades acumulan más de diez años sin poder hacer un mantenimiento estructural a su planta física», explicó Meléndez, refiriéndose a problemas como «desprendimiento de techos y paredes, colapso de las cloacas, problemas en la electricidad, problemas en la transmisión de líneas en edificios completos».
Los servicios básicos están gravemente comprometidos. «El 85% de los baños de todo el sistema de educación superior no funciona, el 91% no tienen acceso a agua todos los días y el 86% no tienen electricidad continua», reveló Meléndez. Además, «seis de cada diez universitarios en Venezuela no tienen laboratorios que funcionen de calidad y de manera regular y tampoco bibliotecas especializadas». Esto afecta directamente la investigación y la docencia: «El 49% de nuestros docentes tienen cinco años o más sin publicar artículos científicos, ocho de cada diez no hacen proyectos de investigación y lo que está funcionando es la docencia pero con afectaciones».
La falta de recursos agrava el panorama. «Algunas universidades denunciaron en 2024 que recibieron el 0.09%, ni el 1% de los gastos necesarios para el funcionamiento», señaló Meléndez. Esto restringe las acciones a tareas básicas como limpiezas generales, mientras que las universidades del interior enfrentan un abandono aún mayor. El OBU también destacó desigualdades, como la intervención de la Universidad Central de Venezuela por una comisión presidencial que ha limitado su autonomía, y el fracaso del «Plan Universidad Bella», lanzado en 2021.
El informe subraya que las universidades públicas autónomas son las principales fuentes de denuncias, evidenciando la urgencia de medidas para rescatar al sector educativo superior venezolano.
