El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incurre en el delito de trata de personas al recibir pagos por mantener encarcelados a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.
En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Saab afirmó que Bukele cobra 7 millones de dólares por la detención de estos ciudadanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una mega prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Según Saab, unos 252 venezolanos, que residían en Estados Unidos sin antecedentes penales, fueron deportados a El Salvador sin juicio previo, bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del gobierno de Donald Trump. Estos migrantes, de los cuales 238 llegaron al Cecot el 15 de marzo, son retenidos en condiciones que el fiscal considera ilegales.
El fiscal criticó la falta de respuesta de las autoridades salvadoreñas, asegurando que no ha recibido una lista oficial de los detenidos ni información clara sobre su situación. Saab también cuestionó la pasividad de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de ONG de derechos humanos, ante lo que calificó como una violación de los derechos de los venezolanos. “Es un hecho excepcional, un caso de desaparición forzada”, afirmó.
Saab señaló que muchos de los detenidos fueron señalados por tener tatuajes, un criterio que considera absurdo para asociarlos con pandillas. “Los tatuajes son arte, no un delito”, remarcó, comparando la situación con la alta prevalencia de tatuajes en Estados Unidos. El fiscal también acusó a Bukele de controlar los poderes del Estado en El Salvador, calificándolo como un “tirano” que ha convertido al país en un “Estado fallido” sin independencia judicial ni democracia.
