La ONG Provea informó el pasado martes en X sobre la presunta desaparición forzada de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según detalló la ONG, Maíz acudió a una reunión en la sede del CNE en Caracas el pasado 27 de noviembre. Desde ese momento, su familia perdió contacto con él, lo que dio inicio a una búsqueda que dejó preguntas sin respuesta tras cuatro meses de incertidumbre.

La hija de Maíz, Bianggi, relató que funcionarios de la DGCIM lo trasladaron tras la reunión. “Días después, en la sede de Boleíta, nos confirmaron que estaba detenido allí y nos permitieron entregarle medicamentos, ya que Albert es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular”, explicó en el mensaje difundido por Provea. Sin embargo, el 16 de diciembre, al volver al lugar, les indicaron que él ya no se encontraba allí, sin ofrecer más detalles sobre su ubicación.

La familia recorrió diversos centros de reclusión en un esfuerzo por localizarlo, pero enfrentó obstáculos. Provea señaló que en el Rodeo I les impidieron hacer consultas. El 20 de marzo, una fuente extraoficial indicó que Maíz compareció ante el Tribunal 2.º de Terrorismo, enfrentando cargos por traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Según el reporte, no se permitió la designación de un abogado privado, y el defensor público asignado no proporcionó información a los familiares.

La ONG citó la Constitución para recordar que la desaparición forzada está prohibida. “Ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”, expresó Provea, refiriéndose al artículo 45. Además, mencionó que el artículo 44 asegura el derecho de los detenidos a comunicarse con su familia, elegir abogado y conocer los motivos de su arresto, derechos que, según la denuncia, no se respetaron en este caso.

Los familiares presentaron recursos legales ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y un Habeas Corpus al Tribunal Supremo de Justicia, pero no obtuvieron respuestas. Provea cerró su mensaje exigiendo la liberación de Maíz, el cumplimiento del debido proceso y acceso a tratamiento médico.