Las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela se intensificaron en febrero con nuevas detenciones y cierres de medios, según el informe más reciente de la ONG Espacio Público. Durante ese mes, la organización documentó seis casos que resultaron en 13 violaciones a este derecho fundamental, incluidas tres detenciones arbitrarias de ciudadanos por manifestar sus opiniones.
Periodistas, ciudadanos y trabajadores de medios sufrieron hostigamientos y censura por parte de organismos del Estado. Entre los casos más graves, se encuentra la situación del periodista José Gregorio Camero, quien permanece detenido desde agosto de 2024 sin información oficial sobre los cargos en su contra. Familiares alertaron sobre el deterioro de su salud mientras sigue recluido en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Guárico.
Otro caso documentado es el del periodista Rory Branker, detenido el 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Según testigos, fue interceptado junto a su pareja y trasladado a un lugar desconocido. Días después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo acusó en televisión nacional de extorsión sin ofrecer pruebas ni detalles sobre su paradero.
Los medios de comunicación también fueron blanco de ataques. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de dos emisoras en el estado Portuguesa y decomisó sus equipos. En Mérida, la emisora Ritmo Stereo 93.5 FM quedó fuera del aire durante cinco días tras sufrir daños en sus transmisores debido a cortes eléctricos.
Las restricciones también alcanzaron a ciudadanos que expresaron opiniones en redes sociales. El médico Alexis Zárraga fue detenido en Falcón por supuestos mensajes críticos contra el gobierno en WhatsApp, mientras que el activista Nelson Piñero recibió una condena de 15 años de prisión por publicaciones en redes sociales. Además, una adolescente de 16 años fue arrestada en Yaracuy por “instigación al odio” tras un video publicado en TikTok, en un proceso calificado como desproporcionado por defensores de derechos humanos.
