Un civil y un militar siguen tras las rejas por la deuda de los tribunales de ejecución. Hasta el momento de finalizar este reporte no habían emitido las boletas de excarcelación de dos presos políticos pese a que ya se excedió el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia, por más de 365 días.

Así lo suscribe un reporte de TalCual que relató los casos del estudiante de comercio internacional Wilder Anderson Vásquez Velásquez, uno de los condenados por el caso de los drones, como se conoció al presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

Su condena se le venció hace un año y cuatro meses. El joven fue condenado a cinco años de prisión por la jueza Hennit Carolina López por el delito de «encubrimiento en el delito de terrorismo». Fue apresado el 11 de agosto de 2018 por funcionarios del Sebin y fue trasladado al Helicoide. El entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó a Wilder Vásquez bajo el alias de «Capo», y lo acusó de mantener bajo resguardo a Henryberth Rivas, uno de los supuestos artífices de la operación.

El 4 de abril de 2024, Wilder Vásquez formó parte del grupo trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I, a pesar de que su condena ya se había cumplido en su totalidad. Ha sido víctima de aislamiento y en diciembre le suspendieron las visitas por 15 días junto a otros presos políticos. Sigue en espera de que la jueza Yesenia Azuaje emita la boleta o ejecute la orden de excarcelación, si esta se hubiese librado.

Pedro Garrido

El reporte especial del medio web, también mostró el caso del teniente coronel Pedro Garrido quien también espera la ejecución de su excarcelación desde hace un año y 40 días.

Desde el 11 de enero de 2024 el Tribunal Décimo Séptimo en Funciones de Ejecución debía ordenar su excarcelación.

Garrido fue acusado por la «operación Europa 2020», como se denominó a una supuesta conspiración para develar secretos militares y de sitios estratégicos. Fue apresado el 8 de enero de 2020, en el estado Táchira, por la Dgcim, aunque en actas se fija el 11 de enero.

El Tribunal Décimo Cuarto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó al teniente coronel a cuatro años de prisión por «instigación a la rebelión y desobediencia». Actualmente está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.