La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró este martes 4 de febrero una audiencia pública para evaluar la responsabilidad del Estado venezolano en la privación arbitraria de la libertad y torturas contra 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao. Este caso, conocido como Alfredo José Chirinos Salamanca contra Venezuela, fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acusa al gobierno venezolano de violar el derecho a la libertad y la integridad personal de estas personas.

La CIDH reporta que las víctimas fueron arbitrariamente detenidas por períodos que oscilaron entre 17 meses y 2 años, bajo la acusación de ser facilitadores en el homicidio intencional del periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo. Durante su confinamiento, sufrieron torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según los alegatos presentados. «En junio de 2016 se emitieron órdenes de detención a las víctimas por un presunto homicidio y horas después se dio la notificación para su liberación. A pesar de ello siguieron detenidas y cinco de ellas fueron torturadas para obtener sus confesiones», expresó José Luis Caballero, vicepresidente de la CIDH, frente a los jueces de la CorteIDH.

De las 14 víctimas, doce fueron liberadas en diciembre de 2017; sin embargo, Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos continuaron privados de libertad, enfrentando adicionales violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a audiencias judiciales y condiciones de aislamiento en centros penitenciarios.

La audiencia también planteó cuestionamientos sobre la jurisdicción de la CorteIDH sobre Venezuela, dado que el país denunció la Convención Americana en 2012. «La Corte debe determinar si Venezuela continúa siendo parte de la Convención Americana y se encuentra bajo la competencia contenciosa de esta Corte», señaló Caballero.

Carlos Briceño, representante de las presuntas víctimas, lamentó la ausencia del Estado venezolano en la audiencia y destacó la importancia del caso como la primera oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela después del 10 de septiembre de 2012.