CAP: Responsabilidad y consecuencia de su destitución
Tal día como hoy, en 1993, Carlos Andrés Pérez (CAP) fue separado definitivamente de la presidencia. Fue un proceso que se inició en mayo de ese año cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que la imputación hecha por el Fiscal General, Ramón Escobar Salom, tenía elementos suficientes para iniciar un antejuicio de mérito. Para ello, debía contar con la aprobación del Senado, el cual dio el visto bueno en un día y sin tener el expediente. CAP fue separado de la presidencia y recluido en el Retén de El Junquito. Cuando cumplió 70 años, en acatamiento de la ley, le fue dada casa por cárcel, de la cual salió en septiembre de 1996. ¿Fue un juicio acorde a la ley o uno político? ¿Su defenestración fue factor importante en la pérdida de la democracia?
¿Quiénes lo defenestraron? Héctor Alonso López mencionó en un artículo que la CSJ decidió en su contra por nueve votos, mientras que seis magistrados consideraron que no había mérito para enjuiciarlo. En el Senado, 39 legisladores votaron por el enjuiciamiento, de ellos 28 pertenecían al partido de CAP, o sea Acción Democrática (AD), de los cuales solo cuatro respaldaron a CAP. Previamente, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, 21 miembros votaron por apoyar el enjuiciamiento y solo siete se opusieron.
Lo anterior evidencia que achacarle la defenestración al llamado Grupo de los Notables, encabezado por el distinguido intelectual Arturo Uslar Pietri, así como a los medios de comunicación no es sino la tradicional costumbre de culpar a otros. La responsabilidad del enjuiciamiento a CAP fue del sector político. Desde luego que las declaraciones y artículos de los formadores de opinión, así como la política de los medios de destacar lo negativo influyó en que los ciudadanos tuviesen una valoración negativa de CAP, después de haber sido muy popular.
Por otra parte, en el país había un ambiente de subversión militar y civil. Algunos pensaban, entre ellos quien esto escribe, que de no haber destituido al presidente hubiese habido violencia y quizá un golpe de Estado. Al respecto, en las entrevistas realizadas por Ramón Hernández y Roberto Giusti, consignadas en el libro “Memorias de un proscrito” , CAP mencionó que la magistrada Hildegar Rondón de Sansó, aparentemente arrepentida, le dijo que a los magistrados les advirtieron que si no procedían el país ardería.
¿Inocente o culpable? Todo indica que fue un juicio político, quizá para evitar males mayores, pero sí había elementos para el mismo. Algunos, en defensa de CAP, solo mencionan que este no tenía que dar cuentas del manejo de la llamada partida secreta, la cual se utilizó en parte para apoyar a la seguridad y, aparentemente también a la campaña electoral de la nicaragüense Violeta Chamorro. Sin embargo, olvidan el manejo de los dos cheques, uno por 7.250.000,00 bolívares, equivalentes a 500.000,00 dólares, y otro por 242.720.000.00 bolívares, o sea unos 16.741.379,00 dólares. Este último se cambió el 21 de marzo, a dólar preferencial Recadi de 14,5 bolívares por dólar, a pesar de que ese organismo lo habían eliminado el 13 de marzo y la tasa vigente era de 32,60 bolívares por dólar. El primer cheque lo retiró el Ministerio de Relaciones Interiores, como era lo correcto, pero el de mayor monto fue retirado del Banco Central por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Fue sentenciado a 28 meses por malversación genérica. Cuando cesen las pasiones los expertos determinarán su inocencia o culpabilidad para efectos de la historia.
¿Qué hubiese cambiado si no lo destituyen? Muy probablemente, nada. Apenas le faltaban siete meses para terminar su gestión. Era evidente el deterioro de los partidos políticos debido al clientelismo y a las malas gestiones. Una prueba evidente fue el triunfo de Rafael Caldera apoyado por unos micro partidos que el pueblo bautizó como el chiripero, especie de cucaracha de poco tamaño. Caldera fue, en la práctica, un candidato extra partido. Para ello le asestó una puñalada trapera a Copei, el partido que fundó. Este filicidio contribuyó, aún más, al desprestigio de los partidos. Al salir de la cárcel, expulsado de AD, CAP creo otro partido de vida efímera. Chávez estaba a la vuelta de la esquina.
Convergencia, el partido creado por Caldera, prácticamente desapareció. En 1999 Manuel Rosales se separó de AD y creó Un Nuevo Tiempo. Antonio Ledezma también se separó de AD y creó Alianza Bravo Pueblo en el 2000. Ese mismo año nace el partido Primero Justicia y en el 2009 Voluntad Popular. Entre estos partidos y los tradicionales de AD y Copei se detectan muy pocas diferencias. Los partidos se descuidaron y permitieron el ingreso de militantes que utilizan la política como negocio. Por ello surgieron los llamados “alacranes” y partidos de maletín que son caballos de troya del régimen. Esta situación y la inconsistencia de muchas decisiones los han hecho perder credibilidad, lo cual se refleja en la baja aceptación en las encuestas. Confiamos que se depuren, ya que son imprescindibles para recuperar la democracia y enrumbar al país hacia un desarrollo sustentable.
Breve opinión sobre CAP. En su primer gobierno (1974-1979 ) aplicó una política típica de capitalismo de Estado, aprovechando los elevados precios del petróleo. Tuvo el acierto de crear el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho y el Sistema de Orquestas Juveniles. Nacionalizó el petróleo y las empresas básicas, destruidos posteriormente por Chávez-Maduro. Su gobierno se indigestó con el enorme ingreso de dólares, aumentó la inflación, la corrupción y la deuda pública. En su segundo período ( 1989-mayo 1993 ) tuvo el coraje de rectificar y el país estaba encontrando el rumbo adecuado. Su comportamiento ante las decisiones de su partido y de la Corte Suprema de Justicia fue ejemplar, al no oponerse y acatarlas. Fue un gran luchador por la democracia en Venezuela y en América Latina. Un venezolano con muchas fortalezas y algunas debilidades. Después de salir de la cárcel fue acusado de corrupción conjuntamente con su pareja Cecilia Matos.
Como (había) en botica: Por falta de atención médica el régimen dejó morir al preso político Gabriel Medina Díaz. Falleció el apreciado médico Luís Guillermo Ferrer, jubilado de Pdvsa. Nuestro pésame a su esposa Lía, hijos y familiares. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
