Exclusiva ND | Mercedes Malavé: Nueva alianza debe comenzar por apartar el sectarismo
La coordinadora nacional de Unión y Progreso, Mercedes Malavé manifestó que la nueva alianza opositora planteada por el G4 y seis partidos de oposición afín a Guaidó no tiene nada nuevo porque siguen con «el mismo comportamiento sectario» para condicionar su participación en elecciones. Destacó que todo plan para recuperar el país debe pasar por la unión nacional.
En entrevista telefónica concedida a ND, Malavé amplió la propuesta que realizó la tolda verde-naranja y precisó que su planteamiento esta basado en dos premisas fundamentales: lo primero es aliviar el padecimiento de la población y en segundo lugar la unidad amplia y reconciliación entre todos los sectores para poder superar la crisis nacional.
Sobre el tema electoral, estimó que la oposición debe suplir la falta de condiciones con «la convicción de que somos mayoría». A su juicio, a través de la participación masiva, la oposición «podrá convertir un proceso electoral convocado por la dictadura bajo sus esquemas hegemónicos y nada confiables en un evento de protesta y de recuperación de espacios».
Asimismo, dijo que las sanciones son procedimientos administrativos «altamente cuestionables» porque no están sujetos a ningún sistema de justicia formal. «Son mecanismos arbitrarios cuya gravedad aumenta cuando sus consecuencias recaen sobre multitud de seres inocentes», como pasa en Venezuela, reprochó.
A continuación nuestra entrevista completa:
– Usted ha propuesto un gabinete de emergencia económica y social integrada por expertos que propongan soluciones. Sin embargo, el chavismo se ha caracterizado por creer que quien no comulga con ellos es un enemigo y con enemigos no se dialoga. Dado esto, ¿Por qué cree factible la formación de este gabinete de expertos?
– Lo primero es comprender que todo lo que proponemos desde Unión y Progreso está basado en dos premisas fundamentales: la primera es que no hay nada más urgente ni más importante que aliviar los padecimientos de la población venezolana, dentro y fuera del país donde algunos también están sufriendo mucho. La segundo es que la nación necesita unidad amplia y reconciliación para superar la terrible crisis que atraviesa; necesita consensos y, por encima de los consensos, instituciones que funcionen, equilibrio y un marco democrático refundado en el que podamos convivir. Bajo estas dos premisas es que hacemos nuestras propuestas. Lo más lógico y conveniente sería que Maduro entendiera que mientras siga en Miraflores resulta imposible resolver los problemas del país en un clima de unidad nacional; pero lo que sí podría hacer es convocar un gobierno de emergencia que atienda los asuntos más urgentes, y conduzca al país hacia un proceso electoral confiable.
– En cuanto a la factibilidad, vemos menos probable, y aun nada deseable el escenario de fuerza, sea mediante una división interna de las fuerzas del conglomerado que podríamos llamar oficialista -fuerzas militares, policiales, paramilitares y parapoliciales- sea mediante una coalición internacional por una invasión militar o procedimiento quirúrgico puntual.
– Hace unas semanas, Unión y Progreso propuso una agenda para lograr un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Puede ampliar sobre qué bases se lograría tal acuerdo. En particular, ¿como superar la crisis institucional que significa tener dos presidentes, dos TSJ y dos Asamblea Nacional?
– La propuesta la hicimos en el marco de un llamado al diálogo político que se hizo desde una comisión especial de la Asamblea Nacional, compuesta por diputados del Polo Patriótico y de la Alianza Democrática. Unión y Progreso fue invitado a la instalación de la comisión de diálogo con los partidos políticos, pero nos parece que esas reuniones no avanzan en primer lugar porque no es un diálogo el que está planteado hoy en Venezuela, sino conversaciones del gobierno aisladas con distintos grupos de oposición; y en segundo lugar, la comisión no avanza porque no hay agenda.
– Nosotros hemos propuesto una agenda con cuatro temas fundamentales: el tema económico, político, social y humanitario. Cada uno de estos macro-temas tiene especificaciones en el documento y, por supuesto, lo principal en este momento es atender la emergencia de la pandemia, el hambre y la escasez de servicios públicos (agua, gas, gasoil, electricidad).
– ¿Qué lectura le da a la nueva alianza opositora propuesta por la oposición? ¿Usted cree que la oposición ha equivocado su estrategia?
– Le doy la misma lectura que alianzas anteriores. Actúan bajo una concepción de representatividad que hoy no tienen. Entiendo que ellos pueden pensar ¿y quién eres tú, qué representatividad tiene Unión y Progreso para decir esto? Entonces me viene a la mente el refrán “mal de muchos, consuelo de tontos”. Precisamente, si ellos apuestan a que tienen una representatividad latente o en pausa que es incuestionable, deberían ser los primeros en llamar a la unidad nacional. Pero no, lo que observo es el mismo comportamiento sectario, de grupismo, que condiciona, además, su participación electoral a lo que el gobierno les otorgue, les devuelva o les conceda.
– Esto último me parece lo más delicado pues, como el gobierno no está dispuesto a conceder nada que le perjudique, no les queda más remedio que seguir instalados en la amenaza creíble, en la presión, en la asfixia económica y en la promoción de la implosión social en Venezuela y en países vecinos. No me extrañaría que estén contemplando también un caos migratorio. El problema es que las personas nunca pueden ser usadas como un medio para obtener una victoria política.
– Unión y Progreso ha dicho que pone a disposición de candidatos su tarjeta para participar en regionales. A su juicio, ¿cuáles son las condiciones mínimas para que la oposición participe en estos comicios? ¿O se debe participar de todas todas?
– He dicho muchas veces que tenemos que suplir la falta de condiciones con la convicción de que somos mayoría, por lo tanto, si participamos masivamente, podemos convertir un proceso electoral convocado por la dictadura bajo sus esquemas hegemónicos y nada confiables en un evento de protesta y de recuperación de espacios. Convertir significa transformar una realidad en otra distinta. No se trata de participar como si todo fuese normal y democrático: se trata de transformar un evento aparentemente insustancial en una demostración de fuerza real, no fantasiosa, aunque sea el mismo día de las votaciones. Es lo que nos han enseñado otros países, por cierto, en los últimos años.
– El gobierno de Maduro anunció que pagó unos 64 millones de dólares al Covax para adquirir vacunas. Y anunció que pagará el otro 50% en los próximos días. ¿Por qué Maduro se niega a aceptar utilizar los recursos que tiene a disposición Guaido a través de EEUU? ¿En qué queda la idea de que la adquisición de vacunas estaba bloqueada para Venezuela?
– Lo primero que hizo el presidente Biden cuando llegó a la Casa Blanca fue revisar el sistema de sanciones para que no fueran un obstáculo a la inmunidad del covid-19 mediante las vacunas que deben estar a disposición de todos, absolutamente todos, los seres humanos. El gobierno de Maduro insistió en el rescate de los fondos retenidos para ese fin pero, en vista de que no lo logró, consiguió la forma de adquirir algunas vacunas mediante el mecanismo Covax que solo garantiza dosis para el 20% de la población.
– Todavía falta adquirir muchas más dosis, y he sostenido que Venezuela tiene la obligación de contribuir a la inmunización de los países vecinos donde hay tantos migrantes venezolanos que aun esperan ser vacunados. – ¿Usted cree que las sanciones le hacen daño a Venezuela o solo a funcionarios de la administración de Maduro?
– Considero que las sanciones hacen mucho más daño a los venezolanos que a los funcionarios de Maduro. Lo vemos todos los días: problemas con los insumos médicos, con los repuestos, con las transacciones bancarias, con la comida, con el combustible, con las materias primas. No se puede resolver un mal con otro mal; no es justo castigar a un país o darlo por perdido. Las sanciones, además, son procedimientos administrativos altamente cuestionables pues no están sujetos a ningún sistema de justicia formal. Son mecanismos arbitrarios cuya gravedad aumenta cuando sus consecuencias recaen sobre multitud de seres inocentes.