Rafael Narváez: El TSJ es valiente contra los partidos políticos pero débil contra la Faes
El defensor de DDHH Rafael Narváez rechazó este sábado las decisiones de TSJ/ANC de despojar a Acción Democrática y Primero Justicia de sus directivas y sustituirlas por unas ad-hoc.
«El máximo tribunal de la República es valiente para despojar de símbolos y tarjetas a organizaciones políticas por el solo hecho de haber reclamado condiciones justas y garantías electorales. Las decisiones express contra AD y PJ vulneran el debido proceso establecido en el art. 49 de la Constitución», dijo.
«Sin embargo, ese mismo TSJ es muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del Estado que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas, desaparición forzadas de personas y ejecuciones extra judiciales encabezadas por el grupo de exterminio Faes».
Narváez agregó que la justicia penal venezolana está «politizada» y «actúa contrariando las atribuciones y competencias establecidas en la carta magna y en la ley orgánica del poder judicial que exigen la autonomía e independencía del poder judicial para garantizar a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial, transparente y sin color politico».
«Es oportuno recordarle al poder judicial que el enemigo no está en los partidos políticos, los medios de comunicación social, periodistas, médicos, parlamentarios, ni en el ciudadano que protesta por la crisis sanitaria,por las fallas permanente de los servicios básicos como el agua, energía eléctrica, gas doméstico. El verdadero enemigo es el Covid-19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos que siguen dejando en un grado de indefension a las víctimas de violación sistemática DDHH por parte del Estado».
Para finalizar el exparlamentario exigió al TSJ reiniciar las actividades judiciales en todo el país, previo diseño de un protocolo, ajustado a las normas emanadas de la Organización Mundial de la Salud, para evitar el contagio.
«Actualmente el sistema de justicia esta paralizado y solo existe para perseguir a la disidencia opositora y dar luz verde al Estado para seguir aplicando su política pública de vulnerar los derechos civiles y políticos y garantías contitucionales».
