La ONG Provea cuestionó este domingo 24 de mayo el ingreso de tropas y aeronaves militares estadounidenses a Venezuela durante el ejercicio realizado en Caracas y afirmó que la administración encabezada por Delcy Rodríguez incurrió en una violación de la soberanía nacional.

A través de un comunicado difundido en X, la organización sostuvo que el operativo militar estadounidense se produjo en “claro desacato” al artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana, relacionado con la autorización parlamentaria para el ingreso de misiones militares extranjeras al país.

“Una flagrante cesión de la soberanía territorial de la República”, expresó Provea sobre el simulacro ejecutado por Estados Unidos en la Embajada de Caracas.

La ONG también criticó que, mientras se desarrollaban acuerdos y coordinaciones con actores internacionales, continuaran registrándose protestas sociales por salarios, pensiones y fallas en los servicios públicos dentro del país.

Asimismo, denunció que durante la última semana varias manifestaciones fueron contenidas por cuerpos policiales, lo que —según indicó— limitó el ejercicio del derecho a la protesta y reunión pacífica.

En el pronunciamiento, Provea manifestó preocupación por lo que describió como el riesgo de una “tecnocracia autoritaria” vinculada a intereses económicos extranjeros y afirmó que, tras los acontecimientos del 3 de enero, el gobierno venezolano ha priorizado acuerdos energéticos y compromisos bilaterales por encima de las demandas sociales internas.

“La expresión más rápida de voluntad política del actual gobierno ha sido satisfacer las demandas del tutelaje transnacional”, sostuvo la organización.

Además, señaló que reformas legales relacionadas con hidrocarburos y minería avanzaron rápidamente dentro de la Asamblea Nacional, mientras temas como la liberación de presos políticos, salarios y seguridad social continúan sin soluciones concretas.

Provea también cuestionó que el “andamiaje jurídico represivo” permanezca intacto y advirtió sobre la permanencia de prácticas de impunidad y abusos por parte de organismos de seguridad.

Finalmente, la organización insistió en que cualquier proceso de liberalización económica debe ir acompañado de garantías democráticas, transparencia y respeto a los derechos humanos.