La organización no gubernamental Espacio Público denunció este lunes 4 de mayo que el fiscal general de la República, Larry Devoe, negó una solicitud formal de información detallada sobre la ejecución de la recién aprobada Ley de Amnistía.
La agrupación civil cuestionó la respuesta del Ministerio Público en conjunto con Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la Ucab al advertir que la acción oficial «no solo contraviene los estándares internacionales de transparencia, sino que pretende condicionar un derecho humano fundamental a la discrecionalidad administrativa».
Así mismo, las organizaciones explicaron que la petición exigía un desglose riguroso de las excarcelaciones, pero el titular del despacho respondió a través de una misiva que «no se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9 numeral 4 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público».
Por otra parte, los activistas señalaron que «la publicación de cifras generales y agregadas es insuficiente para auditar un proceso que impacta directamente en la libertad de miles de personas». La alianza institucional agregó que «al alegar una supuesta falta de ‘motivos’ para acceder a datos estadísticos, la Fiscalía levanta una barrera burocrática que impide evaluar la eficacia real de la Ley de Amnistía».
Finalmente, las organizaciones de derechos humanos demandaron la entrega inmediata de la data al recordar que «el acceso a datos sobre la ejecución de medidas de gracia es de estricto interés público y no requiere de una motivación especial por parte de los peticionarios». Los voceros instaron a las autoridades a cumplir el principio de máxima divulgación «para garantizar que la Ley de Amnistía no sea una cifra vacía, sino una garantía verificable de justicia y libertad».
