Han pasado más de cien días de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y avanza el proceso de cambio del país, acelerada mayormente en términos económicos, pero se mantienen vivas las exigencias de la reinstitucionalización lo que incluye cambiar al Consejo Nacional Electoral para convocar nuevas elecciones. El periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez, conocido en redes sociales como «Puzkas» ha propuesto junto a otros especialistas un «Estatuto Electoral Especial» que rija la convocatoria para nuevas presidenciales y que no ocurra lo mismo que el 28J y en las regionales de mayo 2025. En conversación telefónica con ND explicó en qué consiste.

Con el recuerdo de las presidenciales de 2024 y las regionales de 2025, signados por la ausencia de resultados oficiales desglosados por parte del órgano electoral, el experto electoral advirtió que la transición no puede depender de un simple cambio de caras de los rectores del CNE.

La propuesta central para evitar que la historia se repita es la creación de un Estatuto Electoral Especial, un instrumento de transición diseñado para blindar la confianza ciudadana.

Esta nueva etapa, marcada por la necesidad de relegitimar todos los cargos de elección popular, exige una reforma que Martínez define como integral.

«La principal estrategia para evitar lo que ocurrió en la presidencial de 2024, pero también lo que ocurrió en las municipales, regionales y parlamentarias del 2025, es contar con un nuevo CNE; y esto no se limita simplemente a los cinco rectores principales», declaró vía telefonica.

Apuntó que se deben renovar los suplentes, a los 23 directores regionales de al menos los diez principales directores de línea del CNE.

«Se necesita una nueva administración electoral que tenga como punto de partida un consenso político previo y una prohibición estricta: ningún integrante del nuevo ente arbitral debe poseer un pasado reciente de militancia partidista».

Refirió en este punto, a la postulación de Ernesto Villegas como defensor del pueblo, solo una semana después de haber renunciado al PSUV.

«El Estatuto Electoral Especial es una idea para intentar normar los procesos electorales que deben llevarse a cabo para relegitimar todos los cargos de elección popular, entendiendo que todos los procesos de 2024-2025 estuvieron plagados de irregularidades, e incluso el CNE nunca divulgó la información sobre resultados oficiales».

Justificó que antes de abocar al país en una reforma legal sobre la legislación electoral, esta propuesta busca generar un CNE «especial» para la transición.

Este instrumento funcionaría como una norma superior que, sin derogar las leyes orgánicas vigentes, desaplique artículos específicos que hoy actúan como barreras para la transparencia. Entre sus prioridades destaca la obligatoriedad taxativa de publicar resultados detallados antes de adjudicar ganadores y la protección del CNE frente a la intromisión de otros poderes públicos, garantizando un ámbito de actuación autónomo para la etapa de transición.

Martínez subrayó que el primer paso que debe ejecutarse es una auditoría profunda del Registro Electoral con asesoría internacional, devolviendo el derecho a la identidad a los millones de venezolanos en el extranjero mediante trámites administrativos directos. Paralelamente, el estatuto debe forzar la transparencia en el sistema de inhabilitaciones políticas y administrativas.

Esto implica eliminar mecanismos arbitrarios como el «Código 7» y obligar a la Contraloría a justificar legalmente cada restricción, permitiendo que los afectados ejerzan su defensa y recuperen sus derechos políticos.

A su juicio, el éxito de este proceso no depende de una fecha en el calendario, sino de la calidad de las garantías.

«El tiempo que se dure en organizar la elección va a depender primero del tipo de proceso; y segundo de las condiciones y garantías mínimas que see quieran dar. Mientras más exigencias sobre condiciones y garantías se hagan, pues va a requerir más tiempo la organización de la misma».

En este punto, estimó que no es prudente hablar de lapsos para una elección en Venezuela porque esto dependerá de quienes integrarán el nuevo CNE y de la voluntad política para adelantar reformas de su funcionamiento.

Martínez subrayó que la confianza no emana de la institución por sí sola, sino de un arbitraje institucional sólido y reglas de competitividad claras.

«Los integrantes del CNE deben trabajar en crear, corregir las deficiencias inmediatas que tienen que ver con el RE, sistema de votación, registro de partidos, candidaturas, inhabilitación es, divulgación de resultados», aseguró.

Según estimaciones, de los 9 millones de venezolanos en el exterior, alrededor de 4 millones deberían poder inscribirse o actualizar sus datos para votar en embajadas y consulados. En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, apenas 69.211 venezolanos estuvieron habilitados para votar fuera del país, lo que representó una exclusión masiva de la diáspora.