El periodista Darvinson Rojas anunció este miércoles 8 de abril su retiro definitivo de las conversaciones con el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, luego de denunciar que el sistema judicial ignora su solicitud de sobreseimiento basada en la reciente Ley de Amnistía.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el comunicador explicó que ha transcurrido casi un mes desde que acudió al Palacio de Justicia en Caracas para exigir el cierre legal de su caso. Rojas consignó el documento el pasado 9 de marzo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), dirigido al Tribunal Vigésimo Tercero de Control del Área Metropolitana. Sin embargo, denunció que la instancia judicial alega no haber recibido el oficio, mientras que el personal de la URDD afirma que la causa no figura en el sistema informático.

El trabajador de la prensa enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de instigación al odio e instigación pública, cargos que derivaron en una detención de 12 días durante el año 2020 tras la publicación de información de interés ciudadano. «A pesar de que en 2022 el tribunal reconoció la inexistencia de pruebas en mi contra, se decretó archivo fiscal y no el sobreseimiento», precisó Rojas, quien además advirtió que aún mantiene un registro policial por terrorismo desde su imputación inicial.

Ante la falta de respuestas institucionales y el estancamiento de su expediente, el periodista oficializó su salida de las mesas de diálogo. «Los hechos demuestran que no existe voluntad para corregir los errores ni las agresiones del pasado», aseveró en su escrito para cuestionar la efectividad de estas instancias de conciliación.

Finalmente, Rojas recordó que durante una reunión privada con representantes del programa, colegas comunicadores y dueños de medios, expuso detalladamente su situación legal. En dicho encuentro, el periodista solicitó que se permitiera trabajar a la prensa y se garantizaran condiciones reales para el ejercicio de la profesión en el país, peticiones que, según advirtió, no se han traducido en acciones concretas por parte de las autoridades competentes.