Los padres de Juan Pablo Pernalete, Elvira y José Gregorio Pernalete, exigieron este domingo 26 de abril al sistema de justicia venezolano la reapertura del caso por el asesinato de su hijo, ocurrido hace nueve años durante una manifestación en Caracas, así como la revisión de todos los expedientes de las víctimas de las protestas de 2017.
A través de un video difundido por la organización Provea en X, los familiares dirigieron sus peticiones directamente al fiscal general Larry Devoe y a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato. Recordaron que, tras años de versiones contradictorias, las autoridades judiciales tuvieron que reconocer la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en el suceso, luego de que inicialmente se intentara desviar la autoría del crimen hacia los propios manifestantes.
“El Estado primero mintió al decir que sus compañeros asesinaron a Juan Pablo con una pistola de perno cautivo. Tuvieron que pasar 4 años, cuando la Fiscalía de Tarek William Saab tuvo que reconocer que un guardia nacional ejecutó a Juan Pablo Pernalete”, declararon los padres de la víctima. Ellos sostuvieron que la actual situación jurídica no representa una verdadera reparación, debido a que el proceso se desarrolló bajo una teoría fiscal que no coincide con las pruebas presentadas por la familia.
En este contexto, denunciaron que la Fiscalía presentó un archivo fiscal para 11 guardias nacionales y solo acusó a dos funcionarios, de los cuales únicamente uno resultó detenido. “No aceptamos ese acto conclusivo, y cómo víctimas presentamos una acusación que fue desoída por el tribunal. En cuanto a los acusados, uno solo fue detenido y si caso fue presentado a juicio, pero con la teoría fiscal y no con la nuestra. Eso no es justicia”, sentenciaron los Pernalete.
Posteriormente, los familiares exhortaron a la Defensoría del Pueblo a cumplir con su mandato constitucional de luchar contra la impunidad y garantizar que el Estado reconozca públicamente los excesos cometidos durante la represión de las manifestaciones ciudadanas. Reiteraron que la memoria histórica es el único mecanismo capaz de ofrecer garantías de no repetición frente a crímenes que, por su naturaleza de lesa humanidad, son imprescriptibles bajo el derecho internacional.
“No queremos venganza, pero no podemos olvidar que necesitamos justicia, y la justicia no se negocia”, afirmaron al concluir su mensaje. Los padres de Pernalete recordaron que la Misión de la ONU y la Corte Penal Internacional mantienen investigaciones abiertas sobre estos hechos, lo que refuerza su compromiso de seguir exigiendo un castigo justo para todos los responsables de la cadena de mando y ejecución.
