Un grupo de ex presos políticos acudió este martes a la sede en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y denunciaron retrasos, trabas y negativas en la aplicación de la Ley de Amnistía vigente desde febrero.
La organización Red de Excarcelados por la Democracia (RED) alertó que persiste la falta de respuestas institucionales y que todavía se contabilizan más de 400 personas consideradas presas políticas en el país.
Durante el encuentro, el periodista y activista Carlos Julio Rojas, recientemente excarcelado tras permanecer detenido desde 2024, calificó la reunión con el personal de la ONU como “muy productiva”, aunque advirtió que la situación expuesta es “extremadamente grave”, especialmente en lo relativo a la ejecución de la amnistía.
Al tiempo que denunció que la aplicación de la norma se realiza de forma “selectiva y arbitraria”, sin criterios claros para aprobar o rechazar solicitudes. Según explicó, varios casos permanecen paralizados en tribunales pese a que la ley establece un plazo de 15 días para responder.
“En mi caso y en el de muchos, los expedientes están engavetados. En los tribunales nos dicen que esperan órdenes superiores”, afirmó.
El activista también alertó sobre una creciente ola de rechazos sin justificación y advirtió que algunos beneficiarios podrían volver a enfrentar procesos judiciales por sus declaraciones públicas. En ese contexto, pidió al fiscal general Larry Devoe que explique públicamente los retrasos y la falta de ejecución efectiva de la amnistía.
Por su parte, el exdiputado Williams Dávila —actualmente en libertad plena— denunció que varios bienes incautados durante su detención aún no han sido restituidos, incluyendo un vehículo. Señaló que estas acciones forman parte de un patrón de persecución política.
Dávila sostuvo además que no puede hablarse de una transición política real mientras continúe la existencia de presos políticos en el país.
Con información de NDP.
