Este 3 de abril se cumplen tres meses desde que Nicolás Maduro, tras ser capturado por las fuerzas militares estadounidenses, dejó de ejercer el poder en Venezuela. Sobre Delcy Rodríguez recaen ahora las competencias presidenciales, tras ser juramentada como «presidenta encargada» ante la Asamblea Nacional el 5 de enero.
La Constitución venezolana establece que cuando la ausencia del presidente supera los plazos de carácter temporal, le corresponde al órgano legislativo declarar la falta absoluta y convocar a elecciones dentro de los 30 días siguientes.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) instó al Parlamento a fijar posición ante esta ausencia prolongada y garantizar la continuidad constitucional del Estado. En palabras de la organización, no pronunciarse equivale a mantener en suspenso el orden institucional y a normalizar la excepcionalidad, pues en este punto el caso ya no encaja en una falta temporal.
«Las circunstancias que rodean a Maduro plantean precisamente ese problema: no se trata de una ausencia breve o superable, sino de una condición que afecta de manera estructural la posibilidad de ejercer el poder con normalidad, autonomía y legitimidad», afirmó la organización en un comunicado publicado este viernes.
Para la ONG, esta discusión no es solo jurídica sino institucional y que al haber la realidad desbordado las categorías formales, le corresponde a la AN «interpretar y aplicar la Constitución para preservar el funcionamiento» del aparato estatal; es quien tiene el deber de decidir «si esa situación dejó de ser temporal y se convirtió en una falta absoluta».
Advirtió además que el cumplimiento de la Constitución no es una consigna política ni una aspiración abstracta, sino una obligación jurídica y una condición indispensable para reconstruir el Estado de derecho.
«Es una fecha (el 3 de abril) que invita a preguntarse cuánto tiempo más puede sostenerse una institucionalidad sin definiciones claras, y cuánto daño produce a la ciudadanía la normalización de la excepcionalidad. Las constituciones existen precisamente para estos momentos: no para adornar el discurso público, sino para orientar decisiones cuando el poder entra en tensión con la legalidad», planteó Cepaz.
La organización advierte que no se trata solo de quién ejerce la presidencia, sino de si Venezuela está dispuesta a volver a ser una país donde el poder tenga límites claros y la Carta Magna se cumpla, recoge TalCual.
El clamor ciudadano, según la organización, representa una oportunidad histórica para «reabrir el camino de la institucionalidad y asegurar que las reglas se apliquen para todos, especialmente para quienes detentan el poder».
