El diputado Jorge Arreaza informó este martes 24 de marzo que la justicia venezolana otorgó libertad plena a 8.084 personas a través de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero.

En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.782 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 302 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este martes las autoridades han recibido un total de 11.432 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y periodos establecidos en la legislación.

«En esta actualización de las libertades otorgadas gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, se aprecia cómo se superan las 8 mil personas beneficiadas, entre ellas más de 300 que se encontraban privadas de libertad», escribió el diputado en la red social.

Este martes el Parlamento informó que aprobó una prórroga de 30 días a la Comisión Especial de Seguimiento de la ley de amnistía.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien reiteró esa petición la semana pasada.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Diversas organizaciones han criticado la norma, que consideran «excluyente». Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela aseguran que su aplicación funciona como un «espejismo» de estabilización en el país.

«Busca generar una sensación de ‘borrón y cuenta nueva’ para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución», señalaron las organizaciones en su informe ‘El balance de la arbitrariedad (2014-2026)’.

Con información de SWI