El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fijó posición ante el anuncio de una ley general de amnistía propuesto por el gobierno de Delcy Rodríguez. La organización no gubernamental alertó que este mecanismo legal no puede sustituir la responsabilidad del Estado ni obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación integral.
La ONG cuestionó la opacidad en los procesos de liberación iniciados el pasado 8 de enero tras los anuncios oficiales, señalando que la falta de datos claros incrementa el sufrimiento de las familias. Según el documento difundido en su portal web, «las excarcelaciones se han producido de forma parcial y sin información oficial clara sobre los criterios, listados o condiciones del proceso».
Para los defensores de derechos humanos, es fundamental aclarar que los detenidos ejercían garantías constitucionales al momento de su captura, por lo que rechazaron que la medida sea vista como una concesión benevolente. Provea subrayó que «una eventual amnistía no debe ser concebida como un perdón ni una medida de gracia otorgada por el Estado».
El texto citó advertencias de organismos internacionales sobre el peligro de dejar impunes los abusos cometidos contra la disidencia política no violenta. Al respecto, la organización recordó que las «amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento (…) corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacten de forma apropiada».
Sobre los límites de la propuesta legal, la entidad consideró insuficiente que solo se excluya a responsables de delitos comunes, exigiendo que se blinde la justicia ante crímenes mayores. El comunicado enfatizó que «las amnistías no pueden beneficiar a personas involucradas en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u otras violaciones graves de derechos humanos».
Finalmente, la organización instó a las autoridades a proceder con la libertad plena de los presos políticos sin demoras burocráticas. Provea concluyó que esto es un «paso indispensable para aliviar la angustia de cientos de familias y avanzar —con hechos y no solo con anuncios— hacia una verdadera reconciliación nacional».
