El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar las implicaciones legales de una eventual salida de Venezuela del sistema de justicia internacional. El jurista explicó que las acciones legislativas internas no anulan las competencias del tribunal de La Haya sobre hechos ocurridos en el pasado.

García utilizó su cuenta en la plataforma X para fijar posición frente a la derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma. En su mensaje, el experto legal fue enfático al señalar textualmente que «la derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma no extingue la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad ya cometidos».

El análisis del abogado surgió en respuesta a la decisión de la Asamblea Nacional que busca desvincular al Estado venezolano de la Corte Penal Internacional. Según su interpretación jurídica, la responsabilidad sobre los delitos graves bajo el derecho internacional persiste independientemente de que el país decida retirar su adhesión al tratado en el presente.

El penalista también cuestionó la narrativa oficial que presenta esta separación como una defensa de la autonomía nacional. García argumentó que, lejos de ser una victoria política, esta decisión aísla a la ciudadanía de mecanismos de protección fundamentales reconocidos globalmente.

En su declaración, el abogado sentenció que «salir de la Corte no representa un acto de fortaleza soberana, sino un retroceso en la defensa de los derechos humanos».