La organización política Voluntad Popular (VP) emitió una denuncia urgente este lunes 8 de diciembre, alertando sobre el traslado del preso político Aldo Roso Vargas hacia el Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo. El partido advirtió que esta medida pone en «riesgo inminente» la vida del detenido, quien cuenta con 70 años de edad y presenta un cuadro de salud crítico.

Según el reporte difundido en la red social X, las autoridades iniciaron un movimiento de reclusos desde diversas comandancias en Caracas hacia cárceles del interior del país. En este grupo fue incluido Roso Vargas, quien se encontraba recluido en la sede de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara desde su detención el 4 de julio de 2024.

La tolda naranja detalló la gravedad del estado físico del septuagenario, informando que padece de varicocele y una hernia inguinal que ha degenerado en un tumor. La situación se ha agravado recientemente, ya que hace un mes presentó un segundo episodio de sangrado en la orina, acompañado de fiebre y debilidad profunda. VP denunció que, en lugar de recibir atención médica, ha sido enviado a una cárcel que califican como una de las de «peores condiciones del país».

El comunicado resaltó que existe un historial de omisión por parte del Estado. En febrero de 2025, un informe médico forense ordenó su traslado urgente a un hospital para una intervención quirúrgica, procedimiento que las autoridades se han negado a autorizar. Asimismo, recordaron que en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares dada la severidad de su caso.

Voluntad Popular exigió una medida humanitaria inmediata que permita la operación de Roso y el acompañamiento de su familia. La organización responsabilizó al Ejecutivo de lo que pueda sucederle al detenido, haciendo énfasis en que el traslado a Tocuyito ocurre apenas horas después de que falleciera otro preso político bajo custodia del Estado, situación que catalogaron como un mecanismo de «exterminio silencioso».