Un nuevo análisis publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) ha puesto en duda la validez de los estudios que aseguran que las sanciones económicas contra Venezuela no impulsan la migración. El documento, elaborado por el equipo conformado por el economista Francisco Rodríguez, profesor en la Universidad de Denver, junto con el investigador Giancarlo Bravo, examinó la metodología empleada recientemente por Dany Bahar y Ricardo Hausmann, concluyendo que sus hallazgos se basan en un error técnico fundamental que invalida toda su tesis.

De acuerdo al nuevo paper titulado «¿Por qué Bahar y Hausmann no nos dicen nada sobre los flujos migratorios venezolanos hacia Estados Unidos?», publicado este jueves 18 de diciembre, y consultado por ND para esta nota, Rodríguez y Bravo muestran que los hallazgos de Bahar y Hausmann, resultan de aplicar un test de Engle-Granger no estándar y mal especificado a las primeras diferencias.

Para llevar a cabo el documento académico, Rodríguez y Bravo consultaron a diversos autores, entre quienes se encuentran Dorothy Kronick de la Universidad de Berkeley; Peter Pedroni del Williams College y Mark Wohar de la Universidad de Nebraska en Omaha.

El núcleo de la controversia radica en el tratamiento de los «datos de series de tiempo», explicó Rodríguez vía telefónica con ND. En economía, variables como los ingresos petroleros o los flujos migratorios mensuales evolucionan a lo largo del tiempo por múltiples razones. Por ello, no basta con una simple regresión para probar una causa; es necesario realizar una «prueba de cointegración» para verificar si existe una relación genuina de largo plazo.

Rodríguez explicó que esto evita asociaciones accidentales: «No se puede afirmar una relación entre sanciones y migración sin esta validación estadística rigurosa».

Rodríguez y Bravo identificaron que Bahar y Hausmann aplicaron mal esta prueba de cointegración. Mientras que el método estándar está diseñado para usarse con los «niveles» (valores originales) de las variables, los autores cuestionados utilizaron erróneamente las «primeras diferencias» (los cambios de un período a otro).

Al corregir este fallo y aplicar la prueba correctamente, la supuesta evidencia de una relación de largo plazo desaparece por completo. Para demostrar la gravedad del error, Rodríguez y Bravo realizaron simulaciones de Monte Carlo que revelaron una tasa de falsos positivos del 100 %. Esto significa que la metodología de Bahar-Hausmann garantiza encontrar una relación estadística incluso cuando se comparan variables que no tienen conexión alguna.

“Los datos muestran claramente que las sanciones han afectado negativa y significativamente a millones de venezolanos y que millones han salido del país tras su implementación”, señaló Rodríguez. Además, el informe criticó que el estudio de Bahar y Hausmann no tomó en cuenta factores externos determinantes, como las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos y el hecho de que muchos migrantes venezolanos ya residían en terceros países (como Colombia o Perú) antes de decidir viajar al norte, lo que desvincula sus decisiones de las fluctuaciones de ingresos del gobierno de Maduro.

Esta no es la primera vez que se detectan fallos en los análisis de Bahar y Hausmann. En abril de este año, la dupla reconoció errores de codificación que, al ser corregidos, dejaban sus resultados sin significancia estadística. Con esta nueva evidencia, el CEPR sostiene que no existe respaldo científico para descartar el impacto de las sanciones en el mayor éxodo humano documentado fuera de un escenario de guerra en la historia reciente.

Datos sobre migración y sanciones

En diciembre de 2024, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que la situación política y económica en Venezuela había provocado una afluencia sin precedentes de migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. Para esa fecha -hace un año-, más de 7,89 millones de venezolanos se encontraban fuera de sus fronteras, siendo el segundo mayor desplazamiento del mundo.

A pesar de los avances en la regularización y el otorgamiento del estatus de refugiado a los venezolanos, un gran número de migrantes y refugiados no cuentan con documentos migratorios, con la consiguiente limitación de acceso a la protección social en algunos países.

Un estudio más reciente de Washington Office on Latin America (WOLA), publicado el 25 de julio del año en curso, concluyó que la política de sanciones debe dar prioridad a las medidas individuales contra las personas responsables de corrupción y abusos, en lugar de sanciones sectoriales generales que agravan la crisis humanitaria. «Cualquier alivio de las sanciones debe estar vinculado a avances concretos por parte del Gobierno venezolano y debe garantizar que existan mecanismos para prevenir la corrupción».

Históricamente, Estados Unidos ha emitido cerca de 765 medidas directas (entre órdenes ejecutivas y designaciones específicas) desde 2014. El Observatorio Venezolano Antibloqueo ha reportado que sobre Venezuela pesan más de 1,044 medidas coercitivas unilaterales (datos hasta noviembre de 2025). Esta cifra incluye no solo sanciones directas de EE. UU., sino también de la Unión Europea y otros países, así como restricciones a buques y aeronaves.

Francisco Rodríguez es investigador senior del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y profesor afiliado de la Josef Korbel School of International Studies de la Universidad de Denver. Giancarlo Bravo es el jefe de investigación de Oil for Venezuela.