La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes 11 de noviembre la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, en una sesión que contó con la presencia de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Poder Popular. La normativa fue aprobada por mayoría calificada y enviada al Ejecutivo Nacional para su promulgación.

El texto legal, conformado por 21 artículos, establece que la máxima autoridad en la materia recae directamente sobre el Presidente de la República. El Artículo 16 subraya que el Comandante en Jefe de la FANB tendrá la potestad de «ordenar la conformación, supervisión y control de los órganos de dirección de defensa integral en los diferentes niveles territoriales».

La ley tiene como objetivo central fijar las líneas de acción estratégicas de los comandos como instancias de planificación, coordinación y ejecución para proteger al pueblo venezolano de presuntos ataques externos e internos. Para ello, el Artículo 17 establece que los órganos de dirección para la defensa integral estarán estructurados por cinco comités de trabajo especializados, diseñados para articular el apoyo técnico en la elaboración y ejecución de planes.

Los cinco comités de control social y operativo que se destacan son: Comité Patriótico Bolivariano, Comité Económico, Productivo y de Servicios, Comité Social Popular, Comité de Orden Interno, y Comité de Movilización y Requisición.

Adicionalmente, la ley dota de flexibilidad a estos órganos, permitiendo la creación de nuevos comités según las necesidades territoriales (Artículo 18). El mecanismo de vigilancia y control se consolida con el Artículo 21, que obliga a cada órgano de dirección a contar con una sala situacional para la recopilación, análisis e interpretación de información estratégica proveniente de las actividades de los comités.

Finalmente, la ley otorga un plazo de seis meses al Comando Estratégico Operacional de la FANB para elaborar los manuales y planes necesarios para su implementación, mientras que las estructuras de defensa existentes tienen tres meses para adecuarse a las nuevas disposiciones.