El Gobierno venezolano rechazó «de forma categórica» este viernes 24 de octubre la designación impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sus familiares y otros funcionarios de su gobierno.
A través de un comunicado oficial compartido en la cuenta en Telegram del canciller Yván Gil, el Ejecutivo calificó las designaciones como «acciones ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial» que, según el texto, «violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas».
El comunicado se refiere a las designaciones como «denominadas medidas coercitivas unilaterales» y las describe como «mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral», condenadas por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos.
El Gobierno venezolano afirmó que estas acciones «buscan criminalizar al presidente Gustavo Petro y promover la desestabilización interna en Colombia». Calificó la medida como parte de «una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región».
En el documento, Venezuela «subraya que el presidente Petro es el único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas».
El texto añade que estas redes tienen «conexiones en centros de poder en los Estados Unidos, lo cual evidencia el carácter retaliatorio y extorsivo de estas medidas». Se afirma que las designaciones «parecen responder a los intereses de mafias transnacionales infiltradas en espacios de poder en Washington, antes que a una verdadera lucha contra las economías ilícitas».
Finalmente, Venezuela «exige el cese inmediato de estas prácticas coercitivas» y «convoca a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia».

