Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) el pasado viernes y dado a conocer este lunes 22 de septiembre oficialmente en Ginebra, expone en detalle una escalada de violaciones a los derechos humanos en el país, particularmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El documento, que cubre el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, describe un patrón sistemático y coordinado de represión, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual, ejecutado por el gobierno venezolano, sus fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales, los «colectivos».

Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, “no solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes”. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas masivas en hogares de supuestos críticos del gobierno, utilizando como única evidencia publicaciones en redes sociales. Esta estrategia, que incluye arrestos arbitrarios, refleja un plan coordinado para silenciar cualquier forma de oposición al gobierno de Maduro

Entre los hallazgos más graves, el informe documenta la muerte de al menos 25 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años provenientes de barrios populares, incluyendo dos menores de edad, durante las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024.

Estas manifestaciones, desencadenadas por el anuncio de la reelección de Maduro en un proceso ampliamente cuestionado, fueron reprimidas con violencia extrema. El informe señala que las víctimas fueron blanco de un sistema represivo diseñado para “desalentar y sofocar” cualquier disidencia, consolidando un clima de miedo en la población, reseña El Estímulo.

La Misión confirma que las violaciones de derechos humanos documentadas no son hechos aislados, sino parte de un plan continuo y coordinado, y por lo tanto se enmarcan en los crímenes contra la humanidad, específicamente persecución por motivos políticos. Este patrón, identificado desde 2014, incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, prácticas que se han intensificado en el período reciente.

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