La Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM), junto a migrantes de Venezuela, Cuba y Haití, presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en rechazo a la suspensión del parole humanitario concedido a través de la aplicación CBP One. La acción fue interpuesta en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, con el respaldo de las organizaciones Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts.
Los demandantes califican la medida como una “terminación repentina e ilegal” del estatus temporal que permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país. Argumentan que la decisión, atribuida a la administración Trump-Vance, incumple la ley federal al eliminar el parole sin evaluaciones individualizadas para determinar si su propósito original se había cumplido.
El cambio de política afectó a cientos de miles de personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos entre 2023 y 2025 mediante CBP One. Hasta abril de este año, quienes obtenían este permiso podían establecerse temporalmente, acceder a empleo y ciertos beneficios. Sin embargo, el DHS notificó por correo electrónico que el estatus quedaba revocado y que “es hora de que abandone los Estados Unidos”, suspendiendo también las autorizaciones laborales. El mensaje, que según Democracy Forward llegó incluso a ciudadanos estadounidenses vinculados a los afectados, contenía advertencias que, a juicio de los demandantes, buscaban incentivar la “autodeportación”.
La VAM denunció que esta decisión golpea a personas que “llegaron legalmente” y cumplieron con todos los requisitos establecidos, incluyendo el uso de CBP One. “Despojar a los migrantes del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal”, señaló la organización. Carlina Velázquez y Carlos Martín Medina, miembros de su Junta Directiva, añadieron: “Nuestro compromiso es apoyarlos y luchar para garantizar que se protejan sus derechos”.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, calificó la medida como un “asalto de la administración Trump-Vance contra los inmigrantes que han seguido las reglas”. Afirmó que privar a los beneficiarios de sus derechos y amenazarlos con deportación “no se trata de inmigración, se trata de crueldad y ataques a personas en circunstancias vulnerables”. Según la abogada, el equipo legal continuará recurriendo a los tribunales “para responsabilizar a esta administración y garantizar justicia para quienes han cumplido la ley”.
Los demandantes solicitan que se anule la revocatoria del parole y la autorización laboral, que se restablezcan los beneficios y se impida la aplicación de medidas similares de forma masiva y arbitraria en el futuro.
