El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones este viernes 11 de julio al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por su implicación en “graves violaciones de los derechos humanos” durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, prohíbe la entrada al país de Díaz-Canel y sus familiares directos, marcando la primera vez que el presidente cubano enfrenta sanciones directas de Washington.
“Estados Unidos nunca olvidará la tenacidad del pueblo cubano hace cuatro años mientras exigía libertad y un futuro libre de tiranía”, expresó un alto funcionario de la administración Trump al Miami Herald. Las sanciones, aplicadas bajo una cláusula de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, también afectan al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto con sus familiares cercanos, por su rol en la represión de las manifestaciones.
Además, el Departamento de Estado incluyó restricciones de visado a funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos no identificados, señalados como responsables o cómplices de detenciones arbitrarias y actos de tortura contra manifestantes del 11J. Por motivos de confidencialidad migratoria, los nombres de estos funcionarios no fueron divulgados, pero las medidas refuerzan la postura de Washington contra la represión en la isla.
En el marco de esta ofensiva diplomática, se actualizó la Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, añadiendo once hoteles, incluyendo propiedades de lujo en La Habana vinculadas al conglomerado militar GAESA. Estas sanciones podrían limitar la participación de Díaz-Canel en eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, donde ha asistido en 2018 y 2023, y cuyo mandato presidencial está previsto hasta 2028.
