La administración estadounidense incluyó a Venezuela en su nueva política de tarifas recíprocas, imponiendo un arancel específico del 15 % a las exportaciones provenientes del país. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca responder a lo que la Casa Blanca considera prácticas comerciales desiguales por parte de otras naciones.

La medida forma parte de un decreto presidencial emitido en abril y actualizado recientemente, en el que se establecen tasas diferenciadas para varios países. Venezuela figura entre los que enfrentan uno de los aranceles más altos, además del impuesto base del 10 % que EE. UU. aplica de forma generalizada a países no exentos.

La decisión ha sido respaldada por argumentos de “emergencia nacional” relacionados con el déficit comercial y la necesidad de fortalecer la industria estadounidense frente a lo que el gobierno califica como condiciones injustas de intercambio.

A esta acción se suma un arancel del 25 % para terceros países que adquieran petróleo o gas venezolano, lo que apunta directamente a limitar los ingresos por exportaciones energéticas del gobierno de Nicolás Maduro.

Este nuevo esquema podría representar un obstáculo adicional para las ya limitadas relaciones comerciales entre Venezuela y EE. UU., y complica aún más el panorama para exportadores venezolanos que intentan colocar productos en el mercado norteamericano.