Medios colombianos destacan que según las autoridades entre las pruebas clave analizadas se encuentran el arma incautada en el lugar de los hechos y 12 vainillas recuperadas, cuyo estudio balístico busca establecer conexiones con otros eventos delictivos.

La Fiscalía destacó la aplicación de técnicas como la «plaga de absorción atómica» en el joven capturado en el lugar, así como la comparación balística para determinar si el arma fue usada en otros crímenes.

Por su parte, la Policía Nacional logró rastrear el origen del arma homicida, identificando incluso el lugar donde fue adquirida: Arizona, en Estados Unidos, en agosto de 2020. Las autoridades investigan ahora cómo ingresó al país y su posible vínculo con grupos criminales tras el ataque.

«Esta prueba nos da muchas luces respecto al grupo que podría estar detrás del atentado», afirmó la fiscal Camargo, sin revelar más detalles por reserva del caso, reseñó Blu Radio.

Por su parte, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló detalles sobre el origen del arma utilizada en el atentado: “De acuerdo a la verificación realizada a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU., en el marco de la cooperación internacional, el arma fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Fue adquirida de forma legal, pero ahora estamos verificando su ingreso a Colombia y su procedencia en el país”, explicó durante la rueda de prensa.

Uso de menores en crimen organizado

La fiscal general manifestó su preocupación por la participación de menores de edad en acciones criminales.

“Colombia tiene una triste historia con esto. En los años 80 y 90 vimos a menores involucrados en los más graves magnicidios del país. Espero que esa lógica no se repita, que no retomemos esa historia tan lamentable”.

Sobre el menor de 14 años capturado en el caso, explicó que las opciones de colaboración con la justicia son diferentes a las aplicables a adultos:

“El principio de oportunidad en estos casos es distinto al de mayores de edad. Bajo la Ley 906, en algunas causales, lo que se busca es que las personas entreguen información sobre el actuar criminal”.

Asimismo, refirió a las pruebas que vinculan al menor de edad capturado y señaló que las investigaciones incluyen el análisis de imágenes de videovigilancia y posibles comunicaciones digitales.

«No tenemos un teléfono incautado al momento de la aprehensión del menor, pero hay imágenes que muestran que pudo estar sosteniendo conversaciones por chat. Hay un registro en una panadería cercana que estamos analizando con mucho detalle junto a los investigadores y analistas de la DIJIN», explicó la fiscal.

Aunque reconoció que aún no se tiene un nivel de detalle completo sobre el esquema de seguridad del senador o la planificación del ataque, la Fiscalía avanza en el rastreo de las comunicaciones y movimientos del sospechoso.