La excarcelación de algunos presos políticos detenidos tras el 28 de julio, no ha significado una alegría sino que le ha traído más problemas: reincorporarse a trabajos, manejar complicaciones de salud derivados de pésimas condiciones de reclusión y tratos crueles, así como lidiar con los costos de los traslados a tribunales, son algunos de los dolores de cabeza que tienen ahora tras estar presos varios meses.
Según el Ministerio Público, hasta el 3 de marzo se excarcelaron a 2.006 presos poselectorales con beneficios procesales. Entre ellos está José Gregorio Pérez, hermano de Diego Casanova, un activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Casanova comentó a TalCual que su hermano salió bajo régimen de presentación y debe acudir el día 20 de cada mes al Palacio de Justicia, en Caracas, para firmar un libro donde consta su asistencia. Durante el «ahorro energético» decretado por el Ejecutivo, no fue atendido y tuvo que acudir al día siguiente para cumplir el procedimiento.
Su hermano, apresado bajo supuesta incitación al odio, terrorismo, resistencia a la autoridad y daño al patrimonio público, viaja desde Charallave (estado Miranda). Tiene facilidades en comparación a otros excarcelados, pues solo debe tomar el ferrocarril y autobuses para llegar al Palacio de Justicia.
«Todavía no ha podido recuperar su trabajo estable. Lo perdió durante el encarcelamiento aunque trataron de prorrogarle durante unos meses esperando a que saliera; sin embargo pasó casi ocho meses detenido. Eso le cambió bastante la vida y está tratando de recuperarse».
Casanova también recordó que hay detenidos de Nueva Esparta, Guárico, Lara, Bolívar y otros estados que deben acudir a Caracas para dejar por sentado que siguen en el país y no evaden el proceso judicial. Y es que todos los procesos de los presos poselectorales se concentraron en cuatro tribunales con competencia en terrorismo ubicados en Caracas, además de los juzgados especiales para adolescentes sobre ese delito, también en la capital del país. Durante su encarcelamiento, tanto las audiencias de presentación como la preliminar y algunas de juicio fueron hechas de forma telemática.
«Las personas que son de Margarita para poder salir de la isla deben agarrar avión o un ferry hasta Puerto La Cruz, y después otros autobuses hasta llegar. Son 200 o 300 dólares cada mes para venir a una presentación, estampar una firma en un libro por un proceso que es arbitrario, injusto e ilegal», agregó.
