El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, fue arrestado este jueves en la Procuraduría General de la República (PGR) en Santo Domingo, tras ser interrogado durante más de cuatro horas por el director de Persecución, Wilson Camacho, y otros miembros del Ministerio Público, según confirmó Diario Libre. La detención está vinculada a la investigación por el desplome del techo del establecimiento el pasado 8 de abril, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Junto a Antonio, su hermana Maribel Espaillat, gerente general del local, también fue arrestada en la sede de la PGR. Ambos se presentaron voluntariamente acompañados de su abogado, Miguel Valerio, tras ser requeridos por las autoridades. “La familia Espaillat fue clara de que está abierta a cooperar con la investigación. Hemos venido a la Procuraduría, por disposición de la Procuraduría, aquí estamos. Eso es lo que podemos decir por ahora”, declaró Valerio antes de los arrestos. La orden fue emitida por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los arrestos se produjeron horas después de que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregara un informe técnico sobre las causas del colapso, liderado por su director, Leonardo Reyes Madera. El documento, considerado clave para esclarecer los hechos, señala posibles fallas estructurales en el edificio, originalmente construido como cine y transformado en discoteca en 1994. La tragedia ocurrió durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció.
La investigación ha generado múltiples demandas, incluyendo al menos 78 querellas y denuncias por presunta negligencia. Además, se han aplicado medidas cautelares como la incautación de los terrenos donde operaba Jet Set. El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y negligencia, alegando que no realizaron intervenciones adecuadas para prevenir el colapso. Ambos serán presentados ante un juez para determinar medidas de coerción.
