La activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel cumplió este fin de semana un año tras las rejas. Para este martes 11 de febrero, está fijada, por segunda vez, la audiencia de juicio oral y público que fue diferida en diciembre porque no se llevó a cabo el traslado de todos los imputados por el caso «Brazalete blanco».
La abogada Theresly Malavé, quien forma parte de su equipo de defensa declaró en rueda de prensa que, esperan que se le otorgue una medida humanitaria ya que debe ser operada por un especialista, en libertad, debido a una fractura de hombro que tiene varios meses.
«Lo que podemos esperar es que se de el traslado, tenemos expectativas porque podría darse la oportunidad de que tanto mi persona como el doctor Juan Luis González seamos juramentados como sus abogados. En segundo lugar, y es la que más esperamos es que, le den su medida humanitaria para que pueda ser operada».
Recordó que Rocío San Miguel tuvo una fractura en el hombro que se solidificó, por lo que no puede mover el brazo. «Debe ser operada por un especialista y para que la operación tenga éxito lo más importante es que el postoperatorio sea en familia. En el Sebin no hay condiciones para que esto ocurra».
Asimismo, destacó que nadie ha podido verla, solo su hija Miranda.
«Ni siquiera la defensa pública ha podido verla en el Sebin, Rocío necesita ser defendida y saber el motivo por el cual la acusan. Todas las pruebas indican que es inocente. No es una terrorista. Esperamos en nombre de Dios que se de el juicio», agregó.
