Un grupo de prominentes contratistas militares, incluido el ex director ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, ha presentado a la Casa Blanca de Trump una propuesta para llevar a cabo deportaciones masivas a través de una red de «campos de procesamiento» en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un «pequeño ejército» de ciudadanos privados facultados para realizar arrestos.
El plan, presentado en un documento de 26 páginas que los asesores del presidente Donald Trump recibieron antes de la toma de posesión, tiene un precio estimado de 25.000 millones de dólares y recomienda una serie de tácticas agresivas para deportar rápidamente a 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026, incluidas algunas que probablemente enfrentarían desafíos legales y operativos, según una copia obtenida por POLITICO.
El grupo, que incluye a algunos exfuncionarios de inmigración, está liderado por Prince, quien tiene estrechos vínculos con Trump, y Bill Mathews, el exdirector de operaciones de Blackwater, el contratista militar conocido por su papel en la provisión de seguridad, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán durante la guerra contra el terrorismo.
La aparición de la propuesta, marcada como «no solicitada», es indicativa de los principales obstáculos que enfrenta la administración mientras lucha por encontrar los recursos para cumplir con la ambiciosa agenda de deportación de Trump. El deseo de la administración de cumplir esa promesa de campaña ha creado una oportunidad para los contratistas privados que ven un área rara en la que es probable que la administración Trump aumente el gasto.
