Este martes 28 de enero, familiares de los presos políticos alzaron su voz para denunciar las condiciones inhumanas que enfrentan sus seres queridos en los centros de reclusión.
Según los testimonios, los detenidos, en su mayoría arrestados tras la crisis postelectoral de julio, han sido sometidos a torturas y aislamientos prolongados, lo que ha impedido que sus allegados puedan visitarlos o conocer su situación legal.
Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, quien lleva 50 días detenido, aseguró que la situación constituye un «crimen de lesa humanidad». «La única comunicación que tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben, donde colocan lo que necesitan», declaró Rivas en una rueda de prensa. Además, señaló que no ha podido visitar a Armas en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde otros presos políticos también permanecen incomunicados.
La falta de acceso a abogados privados agrava la situación. Rivas explicó que los detenidos han sido presentados en audiencias clandestinas, sin que sus familiares o representantes legales conozcan los cargos en su contra. «No saben ni siquiera cuál es el tribunal ni cuál es el fiscal que está a cargo del caso», afirmó.
Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, detenido el 30 de julio, compartió una experiencia similar. Silva aseguró que lleva 182 días sin poder ver a su esposo y que, a pesar de acudir a instancias nacionales e internacionales, no ha obtenido respuestas claras. «Alegan una y otra vez que el caso de Freddy Superlano es un caso pesado y un caso que amerita la autorización directa de Presidencia», relató.
Por su parte, Andreína Baduel, integrante del Comité por los Familiares de los Presos Políticos, denunció que su hermano, Josnars Adolfo Baduel, y otros detenidos en la cárcel de El Rodeo I, en Miranda, sufren aislamiento en celdas de dos por dos metros. «Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación», afirmó.
