La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria De Mees, realizó una denuncia formal ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) este viernes 24 de enero sobre las «violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral».

En su comparecencia, De Mees abordó las graves irregularidades documentadas en el informe ‘Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones’, que fue publicado días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para su tercer mandato el 10 de enero.

El documento, basado en información recopilada sin la necesidad de una visita al país, ofrece un análisis detallado de las acciones del gobierno venezolano durante el proceso electoral. De Mees utilizó una videoconferencia para presentar el informe a los miembros de la OEA, quienes ya habían recibido copias del mismo. La relatora subrayó la importancia de la documentación obtenida de fuentes primarias y secundarias para construir un cuadro claro de las violaciones cometidas.

Du «El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos», afirmó.

El informe no solo critica la gestión electoral sino que también acusa a Maduro de haber orquestado una represión masiva poselectoral. Según el texto, tras las elecciones del 28 de julio, se registraron «al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes». Esta represión, según el documento, fue una estrategia para «impedir la participación política de la oposición» y «perpetuarse ilegítimamente en el poder».

De Mees concluyó su intervención reiterando que las acciones documentadas en el informe constituyen «prácticas de terrorismo de Estado», marcando un punto crítico en la relación entre el gobierno de Maduro y la comunidad internacional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la democracia.