Julio Materano / 12 dic. 2017.- Dos de cada diez negocios del bulevar de Sabana Grande, uno de los corredores comerciales más emblemáticos de Caracas y del país, no podrán recuperarse de los operativos realizados la semana pasada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), una instancia de control de precios que, dicen los comerciantes, ha tomado por asalto establecimientos de ropa, calzado, electrodomésticos y textiles para imponer una rebaja de 50%, según estiman los vendedores de la zona.
Al menos 350 funcionarios han comenzado a realizar inspecciones en los comercios de la capital para vigilar que se cumpla la orden de rebajar los precios, según el superintendente William Contreras. Se trata de una medida girada por el Ejecutivo y que arreció en los días previos a las elecciones municipales del 10 de diciembre.
Las inspecciones de la Sundde no solo se llevan a cabo en el Área Metropolitana, también se orquestan con energía en ciudades como Maturín, donde no tardaron en formase las colas, y en Maracaibo, cuya Cámara de Comercio ha manifestado preocupación por la presencia de personas que han tomado 200 locales a empujones, para hacerse con calzados y prendas de vestir.
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En Sabana Grande explican que la medida gubernamental no respeta los costos de adquisición, por lo que les será difícil reponer inventarios. Allí el ambiente luce enrarecido: los tumultos de personas se alternan con locales desprovistos de mercancía, cuyos mostradores desiertos y sin nada que vender son el retrato de la crisis. Los comercios con puertas trancadas, y algunos con santamarías a medio abrir, perfilan el control gubernamental que también se reproduce en las principales ciudades del interior.
Quienes se cuidan de la inseguridad despachan sus jornadas antes del anochecer y se declaran en alerta por las ventas, que se han reducido en 70%.
2.500 locales afectados
Juan Contorianos, dirigente de la Asociación de Comerciantes de Sabana Grande, asegura que es la peor crisis que han vivido en seis décadas. La coyuntura, señala, incide sobre 2.500 establecimientos distribuidos entre el bulevar y las avenidas transversales. Y estima que 20% de ellos, lo que equivale a 500 recintos, cerrarán para 2018.
“La mayor injusticia es que nos piden rematar la mercancía por debajo del precio de adquisición y eso nos obliga a cerrar de manera irreversible”, sostiene.
Contorianos precisa que en el bulevar al menos 300 locales han sido fiscalizados. El “dakazo”, como se ha denominado la nueva ola de fiscalización, que tuvo precedentes en noviembre de 2013 cuando el chavismo intervino la cadena de electrodomésticos Daka, se suma a los problemas de reposición de inventarios.
Los afectados aducen que en el país no hay liquidez de divisas para adquirir productos en el mercado internacional. A propósito de ello, Contorianos explica que 95% de los pequeños y medianos empresarios trabaja con dólar paralelo.
Ángel Zambrano es comerciante, tiene 35 años en el bulevar y tiene además una tienda en Cumaná, donde, dice, también se han hecho operativos para apaciguar el descontento de la población por los altos costos. Con su ánimo frágil, Zambrano explica que no le alcanzará la esperanza para seguir con la venta de calzado en 2018.
“Ha sido un año terrible. De 15 empleados solo me quedan cuatro. Se llevaron más de 500 pares de zapatos. Quienes nos resistimos a cerrar en 2017 hemos ganado el mérito de la constancia”, dice; se niega a cerrar del todo.
Es la otra cara de la moneda: los comerciantes tozudos que como Zambrano se han propuesto cambiar de rubro para reinventarse en una economía enferma. Para el año que viene no descarta cambiar sus mostradores por mesas que reciban a una clientela ávida de comida.
La coyuntura también afecta el centro de la ciudad y zonas como Las Mercedes, el corazón comercial de Baruta, donde cerraron 40% de los comercios, según empresarios locales. De 150 grandes comercios quebraron 60 en menos de un año, admitieron. Y en Sabana Grande, 30% de los comercios han cerrado, cambiado de dueño o de rubro para cabalgar la crisis.
Marino Dos Santos, un hombre que suma dos décadas vendiendo pantalones en la avenida Casanova de Caracas, asegura que los más beneficiados por la fiscalización no son las personas de a pie sino revendedores informales.
“Son los bachaqueros de la ropa y vienen queriéndose llevar todo. Hacen colas desde las cuatro de la mañana para llevarse zapatos, franelas y pantalones para revenderlos en el centro y ganarles el triple”, cuenta.
180 mil empleos menos en comercio
A propósito de ello, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, lamenta las inspecciones en todo el territorio y cuestiona el trato que, a su juicio, viola los derechos humanos y la libre empresa.
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“Hubo comercios donde vendieron por debajo del precio marcado sin tomar en cuenta los costos. Se trata de revisar facturas y libros”, sostiene y denuncia la aprehensión de algunos mayoristas.
Advierte que la actuación del Gobierno se traduce en la descapitalización de más de 6 mil comerciantes, que están a las puertas de un cierre definitivo. Y señala que en los últimos tres años el sector comercio ha registrado una disminución anual de 25%, lo cual languidece un gremio que es el mayor empleador del país y que ha perdido al menos 180 mil puestos de trabajo.
Uzcátegui dibuja con cifras un drama que mutila la economía de Venezuela: el Producto Interno Bruto ha perdido más de 30 puntos en los últimos cuatro años y la caída ha sido vertiginosa en el sector comercio, que representa 20% de la economía, según Consecomercio.
“El venezolano perdió poder adquisitivo, no tiene capacidad de compra”.
Para la presidenta de Consecomercio, lo que ocurre es el presagio de un 2018 que transcurrirá ensombrecido por la crisis que acorrala a las familias más pobres.
En Venezuela 82% de los hogares vive en pobreza y 51% de ellos en pobreza extrema, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela, un estudio presentado este año por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello.
Se trata de un escenario lúgubre que se complica con el incremento en 800% de la masa monetaria que presiona la inflación en un país cuyos habitantes resienten la escasez de alimentos y medicinas.
Un escenario lúgubre
En torno al escenario económico, la Asamblea Nacional cierne sobre el país un diagnóstico con cifras en rojo que completan un cuadro complicado para los venezolanos. Para el mes de noviembre, la inflación se ubicó en 56,7%. Y la inflación acumulada en los últimos 11 meses se situó en 1.369%, de acuerdo con los datos aportados por el diputado a la AN Ángel Alvarado. El Parlamento calcula que al finalizar 2017 la inflación podría situarse entre 2.000% y 2.100%, lo que se traduce en más empobrecimiento.
“La producción y el incremento de la masa monetaria por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) para financiar a las empresas del Estado como Petróleos de Venezuela son la razón principal del incremento de la inflación”.
La Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem) también desgrana sus cifras. Y agrega que el cierre de empresas e industrias ha restado puestos formales de empleos. De las 12 mil industrias que había en todo el territorio, se perdieron 8 mil y solo quedan 4 mil fuentes de empleos, según Atraem.
Para revertir la coyuntura, la portavoz de Consecomercio propone ordenar el gasto fiscal y unificar las tasas de cambio, para revertir 15 años de control cambiario. “No se puede seguir inyectando dinero a una economía sin empresas ni aparato productivo que lo sustenten. Hay que dejar de emitir dinero inorgánico porque ello genera más inflación”, sostiene.
