El Gobierno de Estados Unidos estructuró su participación del 35% en una operación petrolera en Venezuela mediante warrants que protegen la participación de Washington frente a una eventual dilución provocada por nuevas ampliaciones de capital, informó un funcionario estadounidense. Así lo informó la agencia Reuters.

Al referirse el jueves al acuerdo anunciado la semana pasada por el presidente Donald Trump, el funcionario explicó que el Pentágono estructuró la participación mediante “penny warrants” en North American Blue Energy Partners (NABEP), lo que le otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones en una fecha posterior. Los penny warrants pueden ejercerse a un precio simbólico.

NABEP, controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, recibió derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que concentran reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, como parte del reciente acuerdo entre Washington y Caracas.

Las concesiones fueron otorgadas sin un proceso competitivo. Estados Unidos trabaja para reactivar el sector petrolero venezolano después de que fuerzas estadounidenses capturaran y sacaran del poder al expresidente Nicolás Maduro en enero.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, explicó que la estructura fue diseñada específicamente para mantener el nivel de participación estadounidense incluso si NABEP consigue nuevo financiamiento para cubrir las necesidades de capital del proyecto.

La expansión a gran escala de los campos petroleros requiere inversiones de miles de millones de dólares.

Los warrants funcionan como un mecanismo contra la dilución que Estados Unidos mantendrá hasta que el proyecto alcance su madurez. De esta manera, según explicó el funcionario, “el Gobierno de Estados Unidos recibirá el 35% del valor total del proyecto una vez que alcance una producción madura, en lugar de sufrir una dilución durante el período intermedio”.

El funcionario también señaló que el acuerdo permite a Estados Unidos recibir dividendos antes de que los warrants sean ejercidos. Según explicó, la estructura “le da a Estados Unidos todos los beneficios de ser accionista desde hoy, al tiempo que nos protege de la dilución mientras el proyecto se desarrolla”.

Además, confirmó que el Pentágono posee un derecho separado de primera oferta para comprar la producción petrolera de NABEP. El Gobierno estadounidense podrá adquirir hasta 20% del petróleo a un precio que refleje los costos de producción de la compañía, en lugar de los precios del mercado, mientras que el resto será adquirido a precios de mercado.

El acuerdo ha generado cuestionamientos por los antecedentes empresariales de Betancourt, cuyas actividades comerciales han sido investigadas por autoridades estadounidenses y europeas. El empresario nunca ha sido acusado formalmente y ha negado cualquier irregularidad. Otros funcionarios estadounidenses defendieron esta semana el acuerdo y lo presentaron como parte de un proceso para alinear la industria energética venezolana con los intereses de Estados Unidos.

La producción petrolera de Venezuela, que llegó a superar los 3 millones de barriles diarios a finales de la década de 1990 antes de desplomarse debido a las sanciones y la mala gestión, se ubica actualmente entre 1,1 millones y 1,2 millones de barriles diarios. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó esta semana que esa cifra podría más que duplicarse en algunos años a medida que entren en vigor acuerdos separados con Chevron, Eni, ONGC, GeoPark y GE Vernova anunciados el miércoles.

Por otra parte, el funcionario informó que el Pentágono exige que los funcionarios que anteriormente trabajaron en Cerberus Capital Management —firma que no participa en los acuerdos petroleros venezolanos— se inhiban de cualquier transacción relacionada con los activos de esa empresa y remitan esos negocios al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para su revisión y aprobación.

Legisladores estadounidenses han exigido mayor transparencia sobre contratos vinculados con compañías afiliadas a Cerberus y han reclamado una separación más clara entre el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, fundador de Cerberus, y las decisiones de contratación del Pentágono.

Cerberus no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.