La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó este miércoles 26 de agosto el anuncio de la presidenta (e) Delcy Rodríguez sobre la eliminación de las alcabalas policiales y militares en las zonas urbanas de Venezuela, al advertir que la medida será insuficiente si no está acompañada de controles efectivos sobre los cuerpos de seguridad.

Rodríguez informó el lunes 24 de agosto que los puntos de control serán sustituidos por un esquema reforzado de patrullaje. “En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades. Y en su lugar, para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje”, afirmó la mandataria nacional.

Provea consideró que la decisión puede representar un cambio positivo, pero recordó que se trata de una promesa que tiene antecedentes. La organización señaló que, tras la Masacre de Kennedy de 2005, las autoridades regularon la instalación de estos puntos de control y posteriormente impulsaron una reforma policial que buscaba establecer un nuevo modelo basado en “permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación”.

Sin embargo, la ONG sostuvo que ese proceso perdió fuerza con el lanzamiento del Plan Patria Segura en 2013, durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según Provea, aquella política incrementó la participación militar en las labores de seguridad ciudadana y extendió la presencia de alcabalas en el territorio nacional, en medio de denuncias por abusos cometidos por funcionarios.

La organización también alertó sobre el uso de estos puntos de control como espacios para presuntas extorsiones y otras vulneraciones de derechos. Puso como ejemplo el caso de La Guajira, en el estado Zulia, donde habitantes deben atravesar al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa, según documentación de la propia ONG.

“Las alcabalas, lejos de ser espacios de control vehicular y de prevención de la ocurrencia de delitos, se han convertido en puntos de extorsión y en espacios para la comisión de abusos”, afirmó Provea en su análisis. La organización señaló que estas prácticas afectan especialmente a campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos y comunidades indígenas.

Por otra parte, Provea advirtió que todavía queda por determinar qué ocurrirá con los puntos de control ubicados fuera de las ciudades. A su juicio, la eliminación de las estructuras físicas no garantiza por sí sola el fin de las conductas denunciadas, por lo que planteó la necesidad de capacitación de los funcionarios, mecanismos efectivos de denuncia, depuración de los cuerpos policiales y sanciones para quienes incurran en abusos.