La ONG Provea aseguró este miércoles 10 de junio que el gobierno venezolano no respondió una comunicación enviada por dos relatoras de Naciones Unidas sobre las presuntas irregularidades registradas en el proceso de selección del fiscal general y la defensora del Pueblo.
Según explicó la organización en un comunicado, la misiva fue enviada el pasado 24 de marzo por Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados, y Mary Lawlor, relatora especial sobre defensores de derechos humanos, en medio del proceso adelantado por la Asamblea Nacional para renovar las autoridades de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Provea indicó que el sistema de Naciones Unidas publicó el documento después de que transcurrieran 60 días sin recibir respuesta del Estado venezolano. “Desde junio de 2021 hasta la fecha, el gobierno solo ha respondido a una de las 24 comunicaciones recibidas”, afirmó la ONG, al señalar que anteriormente las autoridades sí respondían este tipo de solicitudes internacionales.
Las relatoras expresaron preocupación por las supuestas irregularidades registradas en los nombramientos desde 2017 y por la permanencia de las mismas personas en esos cargos durante casi una década. “Nos preocupa que los procedimientos de la ley venezolana no se estarían siguiendo, y que haya muy poca participación de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos”, señalaron en la comunicación difundida por Provea.
Asimismo, las expertas de Naciones Unidas solicitaron a las autoridades venezolanas garantizar que los nombramientos cumplieran con estándares internacionales relacionados con independencia institucional, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. También pidieron evitar “repetir el escenario anterior” de designaciones cuestionadas por denuncias de abuso de poder y violaciones de derechos fundamentales.
Entretanto, Provea sostuvo que el proceso terminó concretándose el pasado 9 de abril “de manera ilegítima y con graves irregularidades”, tras la designación de Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del Pueblo.
La organización agregó que se desconoce si la Asamblea Nacional recibió formalmente la comunicación enviada por las relatoras, quienes habían solicitado expresamente que el documento fuera remitido al Parlamento venezolano como parte del proceso de selección.
