El gobierno de Estados Unidos alista la emisión de una licencia general que autorizará a empresas internacionales a realizar actividades de extracción de petróleo en territorio venezolano. La medida, que podría ser anunciada por el Departamento del Tesoro esta misma semana según fuentes cercanas al proceso, forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para flexibilizar el esquema de sanciones y reconstruir la industria energética nacional. Así lo informó la agencia Bloomberg.
Esta decisión complementa la autorización otorgada la semana pasada, la cual permitió a entidades estadounidenses establecidas realizar operaciones de compra, venta, transporte y refinación de crudo venezolano. Previamente, Washington concedió permisos individuales a las comercializadoras Trafigura Group y Vitol Group para reanudar las ventas, luego de que un bloqueo naval parcial limitara las exportaciones y saturara los inventarios de almacenamiento en el país.
Con el alivio de las restricciones logísticas, el crudo venezolano comenzó a regresar al mercado global, desplazando la atención desde los compradores chinos hacia los refinadores estadounidenses, históricamente los principales clientes del país. Este viraje comercial se enmarca en el respaldo que la Casa Blanca ofreció a la administración de Delcy Rodríguez tras la operación militar que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La estrategia de recuperación económica implementó un mecanismo financiero específico donde las empresas vinculadas a Estados Unidos deben depositar sus pagos en una cuenta controlada en Catar. Posteriormente, la administración estadounidense libera estos fondos al Banco Central de Venezuela, ente encargado de subastar las divisas a operadores privados locales para dinamizar el mercado interno.
A pesar de la apertura, las compañías sin presencia física actual en Venezuela mantienen cautela frente a los riesgos políticos y la durabilidad del gobierno de transición. Paralelamente a las medidas energéticas, Estados Unidos reabrió el espacio aéreo a vuelos comerciales, mientras que el ejecutivo de Rodríguez mejoró las condiciones fiscales para las petroleras y avanzó en el proceso de liberación de presos políticos.
