El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó este viernes 12 de septiembre sobre un supuesto patrón de persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes sindicales y gremiales en Venezuela, con al menos 15 dirigentes detenidos y más de 100 trabajadores petroleros arrestados entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.
De acuerdo con la documentación recopilada por el SNTP, los detenidos enfrentan procesos sin garantías legales, incluyendo desapariciones temporales, juicios telemáticos y negación de abogados privados. Muchos desconocen los cargos que se les imputan. “Enfrentan juicios telemáticos sin garantías procesales y en varios casos se desconocen los cargos que les imputan”, señaló la organización en su informe.
El gremio detalló que solo en la industria petrolera se han registrado al menos 101 detenciones en instalaciones como el Complejo Refinador de Amuay, Cardón, El Palito y el Criogénico de Jose. Entre los casos más graves destaca el de Daniel Romero, miembro de Sutiss, detenido en junio de 2023 durante una protesta en Sidor y recluido en El Rodeo I, donde familiares denuncian aislamiento y falta de atención médica.
Otros líderes afectados incluyen a Robert Franco, docente y dirigente sindical detenido desde diciembre de 2020 en Sucre bajo cargos de terrorismo, y a Víctor Castillo, líder campesino arrestado en abril de 2024 en Portuguesa por supuesta conspiración. El SNTP también registró detenciones recientes de dirigentes como Régulo Reina en Monagas, Juan Antonio Valor en Bolívar y Lourdes Villareal en Caracas, varios de ellos desaparecidos por lapsos prolongados.
El informe resalta que varias de las víctimas son adultos mayores con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y Parkinson, lo que agrava la violación a su derecho a la vida e integridad personal. “Estos casos evidencian un patrón de criminalización de la protesta sindical y laboral en Venezuela”, advirtió el sindicato.
El SNTP exigió al Estado venezolano la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales detenidos, respeto al debido proceso, atención médica adecuada y el cese de la persecución a quienes defienden derechos laborales, en cumplimiento de la Constitución y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
