El Ministerio Público imputó a la jueza Lisbeth del Valle Rondón por la presunta comisión de cuatro delitos: retraso u omisión intencional de funciones (agravado), persuasión e inducción a delinquir, uso indebido de información o datos reservados y agavillamiento, según confirmaron fuentes judiciales a Últimas Noticias.
La audiencia de presentación se realizó de forma telemática el pasado jueves ante el Tribunal 1º con competencia en delitos contra la corrupción y delincuencia organizada. Durante la diligencia, Rondón fue señalada de presentarse en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maturín, estado Monagas, para interceder por su esposo, José Enrique Martínez, abogado de la empresa petrolera propietaria del material explosivo incautado, quien se encontraba detenido por su presunta vinculación con el hallazgo.
Según las investigaciones, la jueza habría intentado frenar las indagaciones relacionadas con los dueños de la compañía que poseía el lote de explosivos en dos galpones ubicados en la capital monaguense. El caso generó especial atención debido a la magnitud del material confiscado y a la naturaleza de la investigación en curso.
Lisbeth del Valle Rondón forma parte de la Corte de Apelaciones de Monagas, el máximo órgano de la jurisdicción penal en la entidad.
