Camila Cardona no ha podido contactar a su madre, Francened Cortés Tabares, desde la noche del 29 de enero. Ese día, mientras Francened regresaba a casa en Puerto Inírida, Guainía, tras comprar mercancías en Venezuela, fue detenida junto con otros seis indígenas colombianos. La última comunicación fue una petición para cuidar a su bebé, cuyo llanto se oye al fondo de la llamada, según información proporcionada por Semana.
El 30 de enero, Francened y sus compatriotas (Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Ever Velásquez, María y Yurani Acosta) fueron capturados en el Alto Orinoco, según informó el comandante venezolano Domingo Hernández. La operación Neblina 2025 los interceptó en el río Cunucunuma, acusándolos de actividades de minería ilegal. Desde entonces, no hay notificación oficial sobre su paradero o estado legal.
Las familias han buscado información sin éxito. Se especula que fueron trasladados a Puerto Ayacucho y quizás a Puerto Ordaz o El Helicoide en Caracas. La falta de un proceso judicial y de comunicación oficial ha llevado a Camila a exigir claridad: «Estamos desesperados. Les pedimos que, por favor, nos den información, que los traten con dignidad y respeten sus derechos. Ellos no son terroristas», afirmó.
En un intento de obtener noticias, la familia de Ever Velásquez fue víctima de un intento de extorsión, pagando por una supuesta llamada que nunca se realizó. La Cancillería colombiana no ha podido confirmar los cargos ni el lugar de detención de los colombianos.
Existen discrepancias sobre el lugar de la detención. Mientras el Ejército venezolano asegura que ocurrió en Venezuela, fuentes locales indican que podría haber sido en Colombia, en el sector de Bocas del Casiquiare. Esto sugiere una posible violación de soberanía, lo que ha llevado a las familias a buscar apoyo internacional para esclarecer la situación de los detenidos.
