El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un comunicado este viernes 17 de enero a través de su cuenta en X, alertando sobre una campaña de acoso y criminalización contra Judith Yépez y Germán Aponte, activistas de Voluntarios con Venezuela en el estado Yaracuy.
Según el comunicado, esta persecución ha incluido la detención arbitraria de su hijo Carlos Aponte y su sobrino Germán Antillano, quienes fueron llevados por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) sin justificación legal.
La persecución contra Judith y Germán se intensificó tras las protestas postelectorales, donde Yépez exigió justicia por el asesinato de un joven manifestante. Desde entonces, el alcalde Juan Manuel Paradas del municipio Peña ha orquestado campañas de estigmatización en su contra. El 8 de enero, después de un programa radial del alcalde, CONAS publicó un flyer acusando a la pareja de «terrorismo» y «conspiración», lo que precedió a las acciones represivas.
El jueves 9 de enero, los funcionarios de CONAS allanaron y vandalizaron las viviendas de la familia en Yaritagua, llevándose a Carlos, estudiante de Economía, y a Germán, chef, bajo amenazas y sin presentar orden judicial alguna. Ambos fueron trasladados a Caracas, donde se les imputaron cargos sin pruebas y se les dictó prisión preventiva en la sede de CONAS en San Felipe. La familia también denunció robos durante estos allanamientos, incluyendo bienes personales, documentos y equipos electrónicos, junto con intimidaciones.
Estas acciones parecen ser parte de una estrategia para forzar la entrega de Judith y Germán Aponte, quienes se encuentran en resguardo para proteger su seguridad. «En Venezuela, ser hijo o sobrino de un activista político no es un delito», declaró Yépez, subrayando la injusticia de la situación.
Además del acoso personal, la familia ha sufrido represalias económicas, como el corte de electricidad a la clínica que administran en Yaritagua, afectando no solo su sustento sino también el servicio médico que ofrecen a la comunidad. Provea concluye su comunicado exigiendo justicia y el cese de las agresiones contra los activistas de Voluntarios con Venezuela y contra todos los ciudadanos que hayan ejercido sus derechos políticos, dirigiendo su petición directamente al Ministerio Público.
