Juan Luis González, abogado de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, reveló este miércoles 11 de diciembre que la fractura de la defensora se debió a una caída ocurrida hace cuatro meses en la sede del Sebin, en El Helicoide, donde ha estado detenida desde febrero.
«Hace aproximadamente cuatro meses sufrió una caída en el Sebin, consecuencia de una laberintitis que fue anunciada y no fue debidamente tratada», afirmó González en una publicación en su cuenta de X, destacando que tras la caída, San Miguel sufrió de dolores agudos y solo recibió analgésicos proporcionados irregularmente por su hija.
González explicó que una revisión médica de rutina detectó una deformación en el hombro derecho de San Miguel, lo que llevó a realizar estudios adicionales. «Tras dicha caída, acusó dolores agudos, y ante los reclamos por una atención médica adecuada recibía solamente analgésicos que eran solicitados a su hija para su administración de manera por demás irregular», detalló el abogado.
Los estudios médicos concluyeron que San Miguel padece de una «fractura de consolidación viciosa por la ausencia de tratamiento en glenoides del hombro derecho», una lesión que requiere intervención quirúrgica. González subrayó que la fractura, de «vieja data», se consolidó sin recibir la atención médica necesaria, lo que agrava su condición.
El abogado criticó duramente la demora de las autoridades en atender las solicitudes médicas de San Miguel, afirmando que esto «demuestra que no están en capacidad y no tienen la atención de dispensar la atención necesaria». Además, expresó la falta de garantías para un adecuado postoperatorio y rehabilitación bajo la supervisión del sistema penitenciario.
Finalmente, González exigió una medida cautelar por razones humanitarias para que San Miguel sea atendida por médicos de su confianza, asegurando que «Rocío San Miguel no ha perpetrado delito alguno, se ha violado el debido proceso en todas las etapas». San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, acusada de participar en la «operación Brazalete Blanco», y enfrenta cargos de terrorismo, conspiración, asociación y traición a la patria, habiendo pasado por periodos de aislamiento y sin acceso a una defensa privada de su elección.

