Procurador designado por Guaidó defendió en juicio por el oro la legimitidad de la junta «ad hoc» del BCV

El Mundo | julio 14, 2022 | 6:10 pm | .

El académico y abogado Enrique Sánchez Falcón, nombrado por el opositor Juan Guaidó procurador especial de Venezuela, defendió este jueves ante un tribunal londinense la legitimidad de su cargo y los de la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV), que trata de hacerse con el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.

Sánchez compareció como testigo de la parte de Guaidó en un juicio que se celebra hasta el lunes en el Tribunal Superior de Londres para determinar si es la junta del BCV designada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, o la nombrada por el líder de la oposición la que puede acceder a las reservas del metal precioso.

Además del procurador especial, declararon también hoy el presidente de la junta «ad hoc» de Guaidó, Manuel Rodríguez, y su antecesor en el puesto, Ricardo Villasmil.

Por la parte de Maduro, testificó Enrique Parody Gallardo, actual secretario de la cámara plenaria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que reivindicó la independencia de este organismo.

Preguntado por el abogado de la junta de Maduro, Richard Lissack, Sánchez Falcón defendió las actividades de la Asamblea Nacional de 2015, que permitió la constitución de la junta «ad hoc» opositora, y dijo que la constituida tras las elecciones legislativas de 2020 «es ficticia» y formada por «usurpadores», porque esos comicios fueron «fraudulentos».

El abogado, que está exiliado en Bogotá, admitió que la Asamblea encabezada por Guaidó, que prorrogó por su cuenta su mandato, no se reúne en persona, «porque es absolutamente conocido que existe en Venezuela un régimen dictatorial y represivo que atentaría contra la vida» de sus miembros si se encontraran físicamente en un edificio en Caracas.

Rodríguez y Villasmil confirmaron por su parte que desde 2014 y 2017, respectivamente, viven en Estados Unidos y reconocieron que la junta «ad hoc» del BCV, cuya misión es «recuperar y proteger para el pueblo venezolano los activos en el extranjero», no tiene una sede y se reúne solo por videoconferencia.