Tras 30 días del Plan de Reforma Judicial lo que hay es opacidad: Ventana a la Libertad
El pasado 21 de junio, Nicolás Maduro, ante las denuncias sobre corrupción, hacinamiento, retardo procesal y demás irregularidades que se vienen cometiendo dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela, anunció una reforma del Poder Judicial en Venezuela, encabezada por Diosdado Cabello, Cilia Flores y Lourdes Suárez Anderson presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto con el fin de solucionar, en un plazo de 60 días la problemática y garantizar el paso de los reclusos de estos centros a las cárceles.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, la única cifra oficial ofrecidas en los últimos 5 años es el aumento de la población que se encuentra en estos CDP.En mayo del año 2016, Tarek William Saab, quien fungía como Defensor del Pueblo en ese entonces, informó que los privados de libertad en los centros policiales ascendía a 22 mil 759 en todo el país. Y este año, el 10 de junio, Pedro Carreño, en su rol como presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN/2020, anunció que la cifra ascendía a 38.736, un aumento del 170%
«Durante este tiempo de opacidad oficial – dice un informe que llegó a la redacción de ND – en Una Ventana a la Libertad monitoreamos, documentamos y denunciamos sistemáticamente cómo la permanencia prolongada de los presos en los retenes policiales venezolanos no se ajusta a la legislación nacional ni a los instrumentos internacionales aceptados por el Estado».
El informe denuncia también la violación de DDHH de los «privados de libertad en Venezuela durante la detención preventiva y la presentación ante los tribunales, además de las condiciones de hacinamiento de los detenidos «malviven los detenidos apiñados, sedientos, hambrientos, enfermos, sin asepsia, con sus necesidades fisiológicas a cuestas y la mayoría en oscuridad».
El informe presenta el monitoreo en los estados con el mayor número de detenidos en CPD, incluyendo Carabobo, Anzoátegui, Caracas y Yaracuy.
Una Ventana a la Libertad asegura que, desde que fue instalada la Comisión de la Reforma Judicial, en el estado Carabobo se ha otorgado beneficios a un gran número de privados de libertad pero con un hermetismo sobre la cifras de reclusos que han recibido la libertad plena o bajo medidas cautelares.
Afirma que, sin dar números, en esta región, la Comisión ha enviado a la calle a centenares de privados de libertad de varios centros de detención preventiva entre los que destacan los centros de policías municipales y la estadal; Penal de Tocuyito, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); anexo femenino, Policía Nacional Bolivariana y del Centro de Formación el Nuevo Hombre “El Libertador”.
“La Revolución Judicial autorizada por Nicolás Maduro, es un plan improvisado que no va a resolver el problema de fondo.
Por su parte, en el estado Anzoátegui, familiares de los privados de libertad lo han calificado como un proceso tardío este plan de descongestionamiento que inició la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia.
De acuerdo al monitoreo de Una Ventana a la Libertad, los voceros oficiales en Anzoátegui se han mantenido de bajo perfil y algunas de las autoridades aseguran que no están autorizados para dar detalles de las excarcelaciones, sin embargo, pudieron conocer que el pasado martes 13 de julio fueron liberados 120 reclusos de Polianzoátegui, centro que tenía 678 privados de libertad en los CDP de la zona norte de la entidad. Aseguran dichos voceros que las boletas de excarcelación fueron entregadas para su distribución, pero debido a mal manejo y supuestos cobros para asignar las mismas, se retornaron a la dirección, desde donde se hizo la completa entrega a los privados.
En la capital de Venezuela, durante los primeros 30 días del plan de Nicolás Maduro, denuncian que no fueron atendidos los privados de libertad que se encuentran en la sede de la PNB en Boleíta, centro de detención con más sobrepoblación en Caracas.
Familiares de los detenidos afirman que se sienten desinformados y piden a la comisión presidencial que evalúe los casos de sus parientes. Aseguran que en la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, existe un gran hacinamiento, pues de acuerdo a registros de la ONG de DDHH, dicha sede alberga a más de 1000 detenidos, en un espacio que tiene capacidad para albergar a 250 personas por un lapso de 48 horas.
Asimismo, en Yaracuy han sido más las dudas que las certezas sobre las acciones de esta comisión. De acuerdo a Una Ventana a la Libertad, fue el pasado lunes 28 de junio que se conoció la instalación formal en las oficinas del Consejo Legislativo del estado Yaracuy la citada comisión, que quedó integrada por representantes regionales del Poder Judicial, Fiscalía del Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, comandantes de organismos policiales y militares así como diputados a la Asamblea Nacional.
Afirman también que al igual que en el resto de las regiones, ha sido Imposible obtener cifras oficiales sobre el proceso, metodología y planes empleados en los llamados abordajes que ejecutan en los comandos policiales y militares existentes dentro de los más de 7.100 kilómetros cuadrados que componen la entidad yaracuyana.
