Plan País Infraestructura (IX)
Así como Plan País Economía pone demasiado énfasis en la recuperación petrolera, incluso pensando que ésta puede ocurrir rápidamente, lo cual es un criterio no compartido por muchos especialistas de gran nivel del área, así como también por la Agencia Internacional de Energía. Similarmente Plan País Infraestructura deposita grandes esperanzas en las Asociaciones Público Privadas (APP). Sin embargo, tal como escribió Ricardo Haussman en mayo de 2018, éstas no son una panacea.
En efecto, el Director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard advierte que para la ejecución, por medio de APP, de nuevos proyectos de obras de servicios públicos: vialidad, agua potable y saneamiento, electricidad, turismo, etc., los lapsos de culminación de la obra oscilan entre 3 y 7 años (tiempo que excede la transición); requiere de dinero más costosos ya que los mercados financieros exigen a los socios –gobierno y consorcio- aportes de capital propios, no provenientes de endeudamiento, además imponen una tasa interna de retorno de 18% ó más. Por otra parte, la negociación con el Estado de las garantías contra los riesgos imprevistos: localización de ruinas arqueológicas durante la construcción de una línea de Metro, conmoción civil, eventos naturales, terreno inestable, reacción contraria de la comunidad, etc., suele añadir más años al proyecto.
Lo anterior supone que la nueva construcción, por medio de APP, de una línea de Metro, una autopista regional, un tendido eléctrico de 765 Kv, una central hidroeléctrica en Tayucai, el Tuy IV, etc., no parecen viables dada la extensión del tiempo de construcción, el costo más elevado del dinero y la cantidad de garantías exigidas. Pareciera que una vía probable sea la consecución de financiamiento por parte de organismos multilaterales. Sin embargo, para la restitución de los servicios públicos existentes (mejoras, ampliación, culminación) y su operación así como mantenimiento, la modalidad de las concesiones luce como una solución lógica, y posible. En todos los casos el tema de unas tarifas que permitan la recuperación de la inversión, juega un papel crucial en la obtención de fondos internacionales.
Hay que dejar claro que no hay que crear una Ley para las Asociaciones Público Privadas; mas bien hay que actualizar, reformar y reglamentar la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, Lopiprc, de 1999, diseñando incentivos fiscales y financieros, para promover los contratos de APP como una posibilidad económicamente atractiva para el sector privado e incluir dentro de la ley mecanismos alternativos para resolución de controversias a fin de ofrecer mayores garantías al sector privado.
Tocando el tema de la recuperación de las empresas del hierro, el acero y el aluminio, con todo el deterioro que puedan tener y las dificultades para levantarlas, lo cierto es que existen indudables ventajas comparativas, ventajas competitivas y la existencia de un mercado capaz de demandar los productos que se oferten. Por otra parte, hay un gran conglomerado industrial construido en un polígono de producción dotado de servicios públicos de agua y electricidad, manejo de efluentes, vías férreas y rutas fluviales, puertos, carreteras, instalaciones de servicios, plantas y factorías. Existe una capacidad gerencial disponible y aún hay en el país personal para operar y producir. Las empresas de Guayana no fueron tan exitosas como Pdvsa porque los gobiernos de la democracia, en la aplicación de un modelo económico que se consideraba bueno entonces, dado el maná petrolero, dispusieron que exportaran menos y abastecieran más al mercado nacional, instruyendo además que se vendiera por debajo del precio de costo, con el objeto de desarrollar la economía nacional. Hay que buscar un socio adecuado para Guayana. La inversión para recuperar las empresas será importante, luego hay que ofrecer condiciones contractuales, fiscales y laborales que hagan atractiva la inversión.
