Víctimas de invasión exigen frente al MP imputación de colectivos y Faes: Carlos Julio Rojas

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas y propietarios de inmuebles invadidos, protestaron este viernes frente a la sede del MP en Caracas para exigir la imputación de colectivos y Faes por estos hechos.

Los presentes pidieron al MP que deje de ser «cómplice de la impunidad» existente en los casos de invasión a la propiedad privada. «Estos delincuentes nunca son imputados», reprocharon y denunciaron que detrás de las tomas ilegales están los llamados colectivos armados y hasta efectivos policiales como el FAES, quienes ejecutan estos crímenes amparados en su militancia en el Psuv o por una “chapa” se sienten por encima de la ley.

Rojas fustigó que este delito -invasión a la propiedad privada- tenga total impunidad porque los cuerpos de seguridad del Estado y el mismo MP no imputa a los invasores quienes quedan con «cancha abierta» para seguir cometiendo estos crímenes. “No hemos visto a ninguna persona presa, detenida o imputada penalmente por las más de 45 invasiones ocurridas tan solo en lo que va del 2021, a pesar de las constantes denuncias realizadas por propietarios, vecinos y afectados ante los entes competentes”, reprochó.

«Los colectivos armados son los principales ejecutores de invasiones en Caracas y usan como protección su militancia en el Psuv para hacer de las suyas, tomando por asalto propiedades sin ningún tipo de limitante, asimismo cuentan con apoyo del FAES, Policía de Caracas, y otros cuerpos de seguridad del Estado. En muchos casos también son respaldados por autoridades gubernamentales en cargos de diputados, concejales y hasta la propia alcaldesa de Libertador, Erika Farías, donde ellos autorizan a los colectivos para hacer de las suyas y luego hacerse de oídos sordos ante las protestas de los propietarios”, enfatizó.

Asimismo, exhortó al MP que emita alguna declaración y que impute a las personas involucradas en esta oleada de invasiones.

«Las víctimas deben ser citadas, deben escuchar sus declaraciones, deben desengavetar las denuncias referidas a violaciones a la propiedad privada. Hay centenares de casos: el edificio Padrón y Bapgel donde sus dueños denunciaron en la fiscalía y luego de más de un año no les han dado respuesta. Vivimos una total impunidad sobre la violación a nuestro derecho humano a la propiedad privada”, criticó.

Víctimas desprotegidas

Por su parte, Lily Pérez, copropietaria del edificio Cori de la Avenida Fuerzas Armadas, relató cómo por defender su propiedad de los invasores, fue agredida en la puerta de su edificación, lanzándola al piso sin importarle que ella es una persona de la tercera edad.

“En primera instancia fui golpeada por una mujer miembro del colectivo Cupaz, y semanas después uno de los mismo invasores, cuando quería entrar por la fuerza a mi inmueble, me empujo lanzándome contra la pared dejándome lesiones graves en cuello y espalda. Hasta el momento las autoridades, incluyendo las fiscalía, hacen silencio cómplice”.

Además, Alfredo Oliveira, propietario de uno de los cuatro restaurantes que se encuentran en planta baja del edificio de oficinas Bapgel, contó cómo colectivos invasores violentaron las puertas de oficinas comerciales y desalojaron a todos los propietarios e inquilinos del inmueble apoderándose del mismo. “Nos amedrentaron y amenazaron para que desalojásemos el edificio donde habían oficinas que estaban todas operativas y trabajando”.

“A un año de la denuncia que hicimos en fiscalía y que después llevamos al CICPC, el gobierno no ha adelantado ninguna investigación. Mi socio y yo perdimos 19 años de trabajo pero yo aún creo en la justicia venezolana”, acotó Oliveira.

Enrique Grugisic, otro afectado de invasiones que colectivos hicieran el día seis (06) de Mayo del 2020, al edificio Padrón, ubicado en la calle internacional de la Parroquia San Pedro, también se hizo eco de la solicitud ante el Ministerio Público, en busca de lograr justicia para él, sus socios de la empresa y a los demás afectados de dicha propiedad.

“Nunca más pudimos recuperar nuestros bienes”, comentaba con amargura el empresario, “Es una injusticia que a gente trabajadora que ha dedicado su vida en pro del desarrollo de este país se le quiten todos sus bienes, eso es un crimen. Las invasiones son un peligro. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, acudimos al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República, pero las autoridades nunca quisieron encarar el caso, hasta hoy en día no ha habido actuación alguna.